Por: Redacción/

El Pleno cameral exhortó al encargado del despacho de la Procuraduría General de la República y al comisionado Nacional de Seguridad a que revisen la aplicación de los artículos 381 ter y 381 quáter del Código Penal Federal, a fin de que, en la medida de sus atribuciones, implementen y fortalezcan las estrategias para prevenir y combatir con firmeza el delito de abigeato o robo de ganado.

Conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), avalado en votación económica, el artículo 381 ter precisa que comete el delito de abigeato, quien por sí o por interpósita persona se apodere de una o más cabezas de ganado, sin consentimiento de quien legalmente pueda disponer de ellas.

Al fijar su posicionamiento, la diputada Ediltrudis Rodríguez Arellano (Morena) resaltó que, según información de organizaciones ganaderas, este ilícito en varias regiones de la República Mexicana ha tenido un repunte de 50 por ciento, por lo que “el abigeato debería de ser un delito federal”.

Además de ser víctimas del hurto de su ganado, quienes se dedican a esta actividad pierden lo que invierten en alimento y los cuidados necesarios para que sus animales crezcan en buenas condiciones y puedan ser comercializados, precisó.

Guadalupe Romo Romo, diputado del PAN, expuso que este tipo de robos no es un problema nuevo, y para los ganaderos significa una pérdida de muchos miles de pesos, pues los precios oscilan entre los 15 y los 30 mil pesos por cada animal. “La delincuencia organizada y la falta de empleo, entre otros problemas, han provocado que persista esta situación”.

“Estamos seguros de que con estas acciones contribuiremos de manera significativa a proteger la propiedad de las personas y a inhibir un problema que afecta el modo subsistencia de muchos mexicanos. Al terminar con el abigeato estaremos también acabando con los rastros clandestinos. Porque es ahí donde amanece todo este ganado”, abundó.

El diputado Juan Francisco Espinoza Eguía (PRI) puntualizó que el abigeato es un grave problema para el desarrollo económico del país, porque atenta contra las actividades productivas más importantes y de autoconsumo de México. La ganadería representa el 30 por ciento del Producto Interno Bruto que se registra en el sector primario y constituye la fuente principal de sustento de alrededor de siete millones de mexicanos.

Insistió en la importancia de atender este delito. “Es responsabilidad de las autoridades investigarlo y perseguirlo. Debemos fomentar la actividad agropecuaria y promover acciones que permitan proteger la economía de los ganaderos. Hay que generar acciones del ámbito legislativo en este tema”.

La diputada María del Carmen Cabrera Lagunas (PES) subrayó que cinco entidades concentraron en el primer semestre de 2018 más de mil 181 denuncias de robo de hato, pero “si esta tendencia se mantiene, a finales del año estaríamos rondando los cuatro mil 724 casos, en detrimento del sector ganadero del país”.

Relató que, a pesar de los esfuerzos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, para asignar un número único de identificación a cada animal, esto no ha detenido al crimen organizado, quien ha incrementado su actividad en un 150 por ciento en torno a este ilícito. “Nos manifestamos por el respeto irrestricto del Estado de derecho”.

Por el PT, el diputado Emilio Manzanilla Téllez sostuvo que no se puede permitir que los delincuentes encuentren impunidad ni admitir que el abigeato quede sin castigo, pero sobre todo ignorar a aquellos mexicanos que han visto afectado su patrimonio y su forma de vida, como consecuencia de los ladrones.

Argumentó que las leyes están para su obligado cumplimiento. “Se tiene que aplicar el castigo a aquellos que cometan este delito y pedimos que no se otorgue la facultad o el permiso para que asociaciones independientes ganaderas facturen ganado, ya que se comete un tema de complicidad, y que los puntos de revisión en las autopistas que tienen que ver con el tema fitosanitario cumplan con su deber”.

Eduardo Ron Ramos, diputado de MC, mencionó que se debe levantar la voz por los casi siete millones de mexicanas y mexicanos que cada día se enfrentan a los robos constantes de su ganado. “Las cifras son alarmantes y obligan a sumar esfuerzos para combatir este ilícito de manera eficaz. Es fundamental buscar herramientas para perseguir y castigar a aquellos que hurten el patrimonio de los ganaderos”.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los robos violentos de ganado aumentaron de 12 a 30 denuncias diarias, lo que significa 150 por ciento más que en el primer semestre del 2017. En el mismo lapso de este año, los cinco estados con más hurtos fueron: Tabasco, Veracruz, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas (PRD) señaló que, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2017 se registraron cinco mil 471 casos de robo de ganado a nivel nacional, principalmente en Veracruz, Tabasco, Guanajuato, Jalisco y Chihuahua.

Pugnó por establecer una coordinación entre los tres órdenes de gobierno, para enfrentar de manera eficiente este ilícito y prevenirlo. “Tiene tintes de convertirse en un fenómeno que puede salirse de las manos si no se atiende, ya que puede llegar a niveles como el robo de combustible”.

Del PVEM, la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, expresó que la ganadería es una actividad que le da origen a la nación mexicana y ha sido un pilar fundamental para el desarrollo. Zacatecas, por ejemplo, aporta 5 mil 700 millones de pesos al Producto Interno Bruto estatal, fruto del trabajo de más de 40 mil criadores.

Indicó que garantizar el Estado de derecho en la ganadería es indispensable, sobre todo para los pequeños productores, quienes incluso llegan a perder su patrimonio familiar. “Es indispensable que se reforme el Código Penal para aumentar las penas a estas prácticas que dañan el patrimonio de las y los ganaderos”.

Desde su curul, el diputado José Ricardo Delsol Estrada (Morena) recordó que hablar de abigeato es referirse a dos tipos, el ilegal e institucional. Por ello, dijo, es fundamental que las autoridades “no nada más consideren el robo en pie”.