Por: Redacción/

El comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, hizo un llamado a estudiantes de bachillerato a asumir una lógica participativa y desafiar a las instituciones, con el fin de resolver los problemas públicos, porque no existe ningún Estado que lo pueda hacer por sí mismo.

“No creo que haya ningún Estado que por sí mismo pueda resolver los problemas públicos, se requiere de la participación ciudadana y de la inteligencia colectiva para poderlos resolver”, enfatizó al participar en el Encuentro 2018: Análisis Interdisciplinario sobre las Elecciones en México, convocado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el Colegio de Ciencias Humanidades – Plantel Sur (CCH-Sur) de la UNAM.

Durante el panel Combate a la Corrupción y la Impunidad, que se desarrolló en el CCH Sur, Salas Suárez dijo que si bien, se cuenta con un diseño normativo para exigir resultados a las autoridades, “el problema es que no se confía en las leyes y en lo público”.

“El problema es que no nos apropiamos de los mecanismos que tenemos para incidir en controlar la forma en cómo las autoridades ejercen el poder. Hoy tenemos Instituciones que nos permitirían empezar a controlar este fenómeno, pero lo que yo percibo es que no hay confianza y no se quieren apropiar y utilizar esas instituciones”, señaló.

El comisionado sostuvo que ante el entorno difícil que vive el país, se requiere de la participación social para cambiarlo y transfórmalo, “pues las cosas no se van a cambiar por arte de magia”, toda vez que existe un diseño institucional que debe ser utilizado.

“Yo les diría, desafíenos a las instituciones, pónganos a prueba. Estas instituciones son pagadas con sus impuestos y está hecha la apuesta, está hecho este diseño, utilícenlo, desafíenos y no digan que no confían, si ni siquiera nos han puesto prueba”, concluyó Joel Salas.

En su oportunidad, Fernando Nieto, investigador del Colegio de México, afirmó que la corrupción en el país, representa un costo de entre el dos y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. “La corrupción les cuesta a las familias mexicanas, en promedio, 160 pesos de ingreso mensual.

En el caso de las familias más pobres, esta proporción e incrementa hasta en un 30 por ciento para el pago de sobornos, dádivas u otros hechos de corrupción. Tenemos un costo desigual que le pega mucho más a las personas más vulnerables”, remarcó el también integrante del Consejo Consultivo del INAI.

La mesa fue moderada por Felipe Sámano, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.