Por: Rogelio Badillo

El Partido de Acción Nacional (PAN), insistirá en la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad para esclarecer el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ya que el gobierno federal atraviesa por una profunda crisis de credibilidad, advirtió el coordinador de los senadores panistas, Fernando Herrera Ávila.

Herrera Ávila, sostuvo que la fracción panista no está satisfecho con los resultados de las investigaciones del caso Iguala que ha llevado a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).

El tema de Ayotzinapa —añadió— es una razón de Estado y después del desmentido a la “verdad  histórica”  que pretendieron construir, la desconfianza “va creciendo como una bola de nieve”.

Los legisladores panistas no estamos satisfechos, como no está satisfecha la sociedad mexicana; no hay credibilidad ni confianza en el gobierno y eso lo obliga a tomar medidas drásticas. Nosotros lo vamos a acompañar siempre y cuando tome decisiones en serio. Y añadió, que si no hay confianza en la autoridad, alguien debe ayudar para que las cosas se esclarezcan.

En este sentido, dijo que Acción Nacional continuará impulsando la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad hasta que el asunto se resuelva, pues se trata de una medida fundamental para dotar de credibilidad al reencauzamiento de las investigaciones.

Además, dijo que el PAN ha sido responsable y lo seguirá siendo, por lo que insistió en que el caso Iguala debe resolverse y es preciso contar con  “tantos instrumentos como sea necesario para darle certeza a las familias mexicanas que se vieron involucradas en este lamentable acontecimiento”.

“Tal pareciera que el gobierno ha concluido a los tres años de su ejercicio, y esto es triste, es lamentable”, dijo.

Ante la desconfianza en el gobierno, la falta de credibilidad en las instituciones, es momento de pedirle al gobierno que actúe, subrayo el legislador por Aguascalientes. Y finalizó, que con la identificación de los restos de un segundo normalista “sin lugar a dudas viene a controvertir el informe que han presentado los expertos” de la CIDH y “es totalmente predecible que en lo sucesivo el gobierno pretenda equilibrar esta postura con otras opiniones”.