Por: Redacción

El 0.06 por ciento de la población en México comete el 75 por ciento de los homicidios dolosos que se cometen durante un año, según cifras de la Chemonics International, organización no gubernamental con sede en Washington.

“Sabemos que la violencia está concentrada en territorios muy específicos, mucho más específicos que barrios, sabemos que la violencia está denominada por grupos muy pequeños de gente. Las políticas de prevención y reducción de violencia y de seguridad tienen que estar ubicadas con láser, no pueden ser expedientes generales, es importante apuntar hacia estas métricas”, expresó el director de la Iniciativa de Prevención de la Violencia y del Delito de Chemonics International.

Lo anterior fue dado a conocer durante el panel “La prevención en el ejercicio eficiente del gasto en seguridad, ¿en qué se invierte y con qué resultados?”, en el foro Seguridad y Acceso a la Información, ¿Puede la información pública mejorar la seguridad?, organizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

En su intervención, el especialista en seguridad y justicia, Jaime López Aranda, señaló que, aunque el objetivo de toda política pública es mejorar las condiciones de vida de la gente, las estrategias deben encaminarse a un nivel específico, hacia un sector de la población que está delinquiendo, porque así se reducirán los índices de violencia y delincuencia.

“Si todos queremos que la gente esté mejor, necesitamos hablar muy específicamente. ¿Estamos hablando de decenas de miles? No. Ni siquiera de decenas de miles. O sea, el grupo más rudo de todo esto, estamos hablando de no más de 20 mil personas en el país”, expuso.

Por su parte, el subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Alberto Begné Guerra, comentó que la prevención social cuenta con evidencia de éxito en otros países, pero en México aún no se cuenta con ella.

“Lo que sí es importante es subrayar que la primera exigencia es que se trate de una política focalizada dirigida a los grupos más vulnerables, a las zonas, a las colonias, a las comunidades en donde se concentran mayores factores de riesgo de violencia y delincuencia, y que además de ser intervenciones focalizadas sean intervenciones sostenidas en la medida en que lo que hacen es detonar procesos, y para poder evaluar, medir y valorar los resultados de la política, es indispensable que así sea”, manifestó.

El socio director de SIMO México, Azucena Cháidez, agregó que para poder generar evidencia de que algo sirve y después replicarlo, es necesario hacer diagnósticos para poder generar una solución particular al caso mexicano.

“Una evaluación debiera estar desde el inicio, pensada desde el principio en cómo es que vamos a diseñar, desde cómo vamos a diseñar una política, cómo se va a implementar, qué recursos tiene esta política para ser implementada y al final evaluar si efectivamente llegamos o estamos alcanzando ese lugar al que queremos ir con esta política”, sugirió.

El panel estuvo moderado por el secretario de Acceso a la Información del INAI, Adrián Alcalá Méndez.