Por: Redacción/

Con miras a contribuir a que el derecho al turismo sea una realidad en las mejores condiciones de calidad y que ello contribuya a la inversión y la generación de empleos, la diputada María Concepción Valdés Ramírez propuso reformar la Ley General de Turismo para armonizar su contenido con las necesidades nacionales y los parámetros internacionales.

Tras un análisis de la citada norma, acuerdos nacionales e internacionales, recomendaciones de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), entre otros, la legisladora perredista consideró necesario modificar el segundo párrafo del artículo 1 de la citada Ley de modo que en lugar de tener el turismo fines de “ocio y otros motivos”, sea “con fines de descanso y recreación, entre otros”.

Asimismo, sustituye el tercer párrafo –que actualmente versa: “Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo el enfoque social y económico, genera desarrollo regional”- para quedar así: “La materia turística como sus procesos fomentarán e incentivarán el derecho al turismo”.

También reemplaza la fracción V del artículo 2 –referente al objeto de la Ley-, de suerte que en lugar de decir “Promover y vigilar el desarrollo del turismo social, propiciando el acceso de todos los mexicanos al descanso y recreación mediante esta actividad” diga “Promover e incentivar el turismo social, propiciando que la materia turística sea inclusiva en lo correspondiente al turismo nacional e internacional”.

Agrega siete objetivos más a partir del XIV, de tal manera que entre sus objetivos también se incorporen fortalecer los vínculos entre políticas públicas, productos y promoción; fomentar la conectividad y la liberación de la política de medios de transporte; diversificar los productos y el desarrollo de destinos, e impulsar la inversión y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas turísticas.

La diputada Valdés Ramírez también planteó que entre los fines de este ordenamiento estén promover la certificación del sector a través de estándares internacionales, incentivos, reconocimientos oficiales y otros medios; fomentar el uso de las tecnologías de información y la comunicación para la promoción y oferta de servicios turísticos, e impulsar acuerdos de la Secretaría de Turismo con dependencias u organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, órganos gubernamentales extranjeros y organizaciones internacionales, a fin de impulsar políticas públicas en beneficio de la actividad turística y su armonización con instrumentos internacionales donde México sea Estado parte.

Propone sustituir la fracción XVIII del artículo 3 –relativo a la definición de conceptos- de manera que en lugar de describirse los “servicios turísticos como los dirigidos a atender las solicitudes de los turistas a cambio de una contraprestación, en apego con lo dispuesto por esta Ley y su Reglamento” se refiera al turismo como “una actividad generalmente asociada al descanso, diversión, deporte y acceso a la cultura y a la naturaleza, entre otras, y debe concebirse y practicarse con un medio privilegiado de desarrollo individual y colectivo vinculada la libertad de viaje, sin limitación, dentro de los límites legales”.

Finalmente incorpora el artículo 3 Bis para que, en la aplicación de la Ley, se observen, entre otros, los principios y criterios de accesibilidad, información, libertad de tránsito, inmediatez, pro turista, pro residente, libertad de prestación del servicio turístico, protesta y derecho de arrepentimiento.

La diputada del Sol Azteca consideró necesarios estos cambios para que el turismo mantenga y acreciente su contribución a la economía nacional, de cuyo Producto Interno Bruto representa el 8.5 por ciento y le genera más de dos millones 300 mil empleos directos, más de 32 millones de visitantes extranjeros y una derrama de 15 mil 500 millones de dólares.

Refirió que, según metas del propio gobierno, se espera que para 2030 la afluencia de visitantes extranjeros sea de 46 millones y que la derrama económica ascienda a 39 mil millones de dólares.