Por: Redacción

Las impugnaciones a la Constitución de la Ciudad de México son muestra del “gatopardismo” que prevalece en nuestro País, de aquellas voces que quieren que todo cambie para quedar igual, sin que se toquen los intereses de quienes detentan el poder y sin importar las necesidades de la ciudadanía señaló el Diputado Armando López Velarde Campa, Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.

Después de recorrer un camino difícil plagado de contratiempos, finalmente la primera Constitución Política de la Ciudad de México fue promulgada el pasado 5 de febrero. No obstante, se logró conformar un documento que en muchos aspectos está a la vanguardia social, y más si se le compara con algunas Constituciones locales del país.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió discutir las controversias constitucionales sobre distintos artículos que incluyen regulaciones sobre métodos educativos, uso terapéutico de la cannabis, seguridad ciudadana y acciones penales, entre otras. A pesar de que la calidad jurídica con la que cuenta la Constitución es sólida, diversas instancias impulsadas desde el gobierno federal se ha empeñado en criticar y golpear el instrumento político-jurídico interponiendo recursos por supuestas controversias constitucionales.

Agregó que estas discrepancias se dan en más de 30 artículos constitucionales, porque no conciben la posibilidad de que un verdadero federalismo de vanguardia esté surgiendo en nuestra Ciudad de México y que por supuesto, deja de lado un centralismo arcaico donde quien ponía todas las reglas del juego era el Presidente.

Urgió a la ciudadanía y a los ministros del máximo tribunal del país a proteger y apoyar la nueva Constitución, reconociendo el verdadero sentido de responsabilidad social que se imprime en el articulado y llamó a una campaña de respaldo al texto constitucional para no soslayar su contenido y no retroceder en los principios vanguardistas que quedaron plasmados en la pasada Asamblea Constituyente.

Por último subrayó que no cesará de reconocer el texto constitucional como un documento acorde a la realidad de nuestra ciudad y a sus necesidades, que protege y otorga seguridad jurídica total a quienes vivimos en ella, con pleno reconocimiento de derechos.