Las víctimas de desapariciones forzadas se ven privadas de su libertad, recluidas en secreto y rara vez son liberadas. A menudo se ignora la suerte que han corrido, con frecuencia padecen torturas y temen por su vida en todo momento. Aun en los casos en que se las libera, las secuelas físicas y psicológicas permanecen para el resto de sus vidas. Sus familias y sus seres queridos también sufren una angustia enorme.

Lejos de ser una práctica empleada por las dictaduras militares tan solo en tiempos pasados, hay algunos Estados que siguen recurriendo a las desapariciones forzadas. Tan solo en el último año, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, los dos mecanismos de las Naciones Unidas competentes en materia de desapariciones forzadas, integrados por expertos independientes, recibieron 246 solicitudes presentadas por familiares en todo el mundo para que se actuara de manera urgente. Esta cifra representa tan solo una mínima parte de los miles de casos que nunca se denuncian por las condiciones de seguridad o porque se desconoce la existencia de mecanismos internacionales que pueden servir de ayuda.

En los últimos años también ha habido un número alarmante de actos cometidos por agentes no estatales, como grupos extremistas y terroristas, equiparables a desapariciones forzadas que también constituyen abusos flagrantes de los derechos humanos.

Las desapariciones forzadas están terminantemente prohibidas. La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas afirma de manera inequívoca que recurrir a las desapariciones forzadas es ilegal bajo cualquier circunstancia, incluida la guerra, la inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.

La Convención, que entró en vigor en 2010 y ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 50, proporciona una sólida base para la lucha contra la impunidad, la protección de las personas desaparecidas y sus familias y el refuerzo de las garantías que ofrece el estado de derecho, entre ellas, la investigación, el enjuiciamiento, la justicia y la reparación.

En este día internacional, insto a todos los Estados Miembros a que ratifiquen la Convención o se adhieran a ella sin demora, y exhorto a los Estados partes en la Convención a que la apliquen. Es hora de poner punto final a todas las desapariciones forzadas.