Por. Redacción/

Un acto más de corrupción del actual gobierno federal, ahora por el desvío de más de mil millones de pesos tanto de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) como de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) durante las gestiones de Rosario Robles, el cual fue confirmado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), ante lo cual el Partido del Trabajo exige a las autoridades hacendarias y judiciales frenar esa actividad ilícita y deslindar responsabilidades.

A lo anterior se suma el uso discrecional y la opacidad en otras dependencias como Sagarpa, Conagua, CFE, ISSSTE y otras, cuyo desvío asciende a más de 6 mil millones de pesos, lo que da cuenta de toda una red de corrupción en el gobierno federal.

El Partido del Trabajo exige se regrese el dinero a las arcas públicas y se castigue con todo el rigor de la ley a quien resulte responsable de estos actos tan deplorables que dañan la confianza de mexicanos en las instituciones y la economía del país.

De acuerdo a las investigaciones que realizó la ASF, los recursos fueron transferidos a cuentas en distintos países y de diversas empresas, entre las que resalta Monex, cuya reputación ha quedado en entredicho por los manejos irregulares y las complejas triangulaciones en las pasadas elecciones.

Los actos de corrupción en los que se ha visto envuelto el gobierno federal se han convertido en su sello distintivo, tal fue el caso de Odebrechet, el de la Casa Blanca, el de OHL, Oceanografía, sin olvidar a los ex gobernadores y funcionarios que desviaron recursos para enriquecerse o para emplearlos de manera fraudulenta en las campañas electorales.

De igual manera, es necesario que las autoridades competentes vigilen el manejo de los recursos públicos, para que realmente sean empleados en los proyectos para los que fueron etiquetados. La rendición de cuentas es clave para evitar la corrupción y la impunidad. Por ello, es necesario reformar el marco legal con el fin de evitar el desfalco o la evasión de castigos para los funcionarios que incurran en este delito.

El Partido del Trabajo hace un enérgico llamado para que se aclare el destino de estos recursos, ya que los más afectados son los mexicanos quienes con sus contribuciones generan los recursos de la Federación y con estos actos tan ruines son privados de los beneficios que les corresponden y despojados de su derecho de acceder a mejores condiciones de vida a través de los programas sociales.