Por Vicente Flores

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León determinó que los bienes de 11 ex funcionarios estatales serán embargados, incluyendo al exgobernador, Rodrigo Medina Cruz.

Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la “Operación Tornado”, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición.

En la audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes a los siguientes ex funcionarios:

· Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015
· Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico
· Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
· Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General
· Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas
· Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología
· Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable
· Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
· Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey
· Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus
· Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León

Ernesto Canales Santos, Subprocurador Anticorrupción, dijo que no se trata de una campaña contra un grupo de funcionarios, sino de señalar conductas de funcionarios públicos que no se deben de realizar, sean estatales, municipales o inclusive, en su caso, legisladores, si así se presentara.

“Las actas de ese proceso, los dictámenes de la Auditoría Superior del Estado y las denuncias ciudadanas realizadas a partir del inicio de la gestión del Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, son la raíz de las imputaciones presentadas ante el Juez”.

Así fue el desfalco de las arcas durante el gobierno de Medina de la Cruz
Aldo Fasci, asesor del Ejecutivo del Estado, expuso a través de un diagrama la compleja red de vínculos, modo de operación y delitos en los que están implicados los 11 funcionarios mencionados.

En el primer caso, porque de manera directa el ex Secretario de Desarrollo Económico y funcionarios cercanos suscribieron contratos por un monto de 4 millones 675 mil pesos, sin cumplir con los requisitos de Ley.

Y respecto al Sistema Estatal de Caminos, por la celebración indebida de ocho órdenes de compra y una de servicios, y la simulación de una obra en el municipio de San Nicolás autorizada por su ex titular Víctor Martínez Trujillo, y la responsable de administración y finanzas, entre otros.

Dichos contratos fueron realizados por los funcionarios en perjuicio del patrimonio del estado, por un monto superior a los 9 millones de pesos.

Por otro lado, con motivo de una denuncia presentada el 1 de marzo de este año por el Secretario del Ayuntamiento de Monterrey, esta Subprocuraduría inició una investigación por el delito indebido del servicio público de ex funcionarios municipales.
De los hechos narrados se advierte que los servidores adjudicaron de manera directa un contrato de prestación de servicios profesionales con cargo al erario por la cantidad de 7 millones 75 mil 471 pesos, más IVA.

Dichos servicios consisten en el apoyo legal de funcionarios municipales de la administración 2012-2015.

Una vez reunidas las pruebas suficientes que acrediten el hecho delictivo y la probabilidad de de la participación de los imputados, se solicitará fecha para la audiencia de imputación en contra de 12 ex servidores públicos.