Por: Aldo Herrera
En tanto que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará si autoriza el uso de marihuana con fines recreativos, los legisladores federales plantean no estigmatizar a los consumidores.
La Corte suspendió la semana pasada el análisis de un recurso de amparo , sin embargo este miércoles podría ponerse a votación el proyecto elaborado por el ministro Arturo Zaldívar y de ser aprobado por unanimidad, la decisión se convertiría en una decisión que obligaría a juzgados y tribunales a otorgar el amparo de la justicia a quien lo solicite.
Durante los paneles del Foro “Personas privadas de la libertad por drogas en América Latina: los costos sociales de la políticas de Drogas” ponentes coincidieron en que es necesario que respetar los derechos humanos, no estigmatizar a los consumidores, despenalizar la posesión simple de drogas y ajustar las penas aplicables a los grupos vulnerables.
El senador Alejandro Encinas Rodríguez (PRD) mencionó que la política de drogas adoptada por México ha sido un eminente fracaso, pues estigmatiza a los consumidores y endurece las penas, es decir, una “política prohibicionista que ha derivado en la limitación de libertades y garantías de los ciudadanos”
Al clausurar el foro, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, indicó que cada vez se vuelve más atractivo y más rentable el mercado ilícito de las drogas, cuya penetración es tal en la economía, que anualmente representa alrededor de 10 mil millones de dólares en el sistema financiero mexicano.
Este foro, subrayó, llega, en un momento de gran oportunidad política, ya que nunca antes en nuestro país se ha logrado dar visibilidad al debate en torno a la penalización y legalización del uso de drogas para distintos fines, e incluso, dijo, “se han sumado a dicha discusión actores que nunca se esperaba que lo hicieran”.
El senador Encinas Rodríguez sostuvo que como legisladores, se colocan en un escenario donde después de muchos años de discusión, se puedan lograr los acuerdos necesarios para diseñar una nueva política en el tratamiento del uso de las drogas en México.
Coletta Younger, representante de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) mencionó que 49 por ciento de mujeres recluidas en centros de adaptación social están por delitos relacionados con las drogas.
Las mujeres que son integradas al narcotráfico poseen poca educación, viven en pobreza y son responsables de niños, jóvenes y adultos mayores.
Estas mujeres son rara vez una amenaza, la mayoría son detenidas por realizar tareas de bajo nivel y de alto riesgo en la cadena del narcotráfico, es decir, por vender pequeñas cantidades o transportar drogas y con ello terminar con su pobreza o por la coacción de su pareja.
Para combatir el alto índice de mujeres en reclusión a causa de delitos relacionados con drogas, es necesario que exista proporcionalidad en las penas para asegurar que los jueces tomen en cuenta, a la hora de imponer una sanción, las situaciones de vulnerabilidad previa y si la acusada tiene dependientes.
Respecto a las mujeres embarazadas y madres de menores de edad, dijo que no deben estar encarceladas, sino aplicarles castigos alternativos y permitirles la inclusión social después de pagar su condena.
Rose Marie Achá, representante de la asociación Acción Andina, Bolivia, comentó que la privación de libertad de adolescentes entre los 12 y 17 años en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay y Uruguay asciende a 32 mil 376; de ellos 30 mil 639 son varones y mil 737 son mujeres.
En México, del 2006 al 2014 el 51.15 por ciento de varones detenidos fue a causa de la posesión de drogas, mientras que el 19 por ciento fue por consumo; en el mismo periodo, las mujeres representaron un 47.3 por ciento y 16.29 por ciento, respectivamente.
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