Por: Redacción/

El cambio y recomposición de los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como en diversas entidades del país, abren una ventana de oportunidad para un avance positivo en materia de seguridad y justicia, bajo una visión integral que atienda no solo las manifestaciones más evidentes de la inseguridad y la violencia, sino sus causas estructurales. No podemos permitir que nuestra historia se escriba con sangre y que la violencia sea protagonista central de nuestra convivencia.

Así lo manifestó el Ombudsperson nacional, Luis Raúl González Pérez, al participar en la presentación del libro “Violencia y Paz. Diagnósticos y Propuestas para México”, conformado con la contribución de 22 investigadores, el cual analiza los factores que han contribuido a incrementar los índices de criminalidad y violencia en los estados de Chihuahua, Sonora, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, además de proponer estrategias para atender esa situación y reconstruir la paz en el país.

Señaló que en algunas regiones de México la paz no es una realidad, porque la violencia e inseguridad condicionan la existencia de las personas y generan un costo que trasciende, por mucho, las afectaciones estrictamente económicas, como el dolor y el sufrimiento por las miles de víctimas que han sido privadas de la vida, lesionadas en hechos de violencia, que están desaparecidas, que han sido forzadas a desplazarse de sus lugares de origen o han padecido algún delito.

Dicho panorama, afirmó, demuestra que el Estado mexicano no ha tenido éxito en su función básica de procurar la protección de la vida, integridad y patrimonio de sus habitantes y tampoco ha encontrado solución a los graves problemas que se enfrentan en esa materia, por lo que subrayó la necesidad de revertir las causas de la inseguridad. La paz, dijo, es condición necesaria e indispensable para que los demás derechos humanos puedan ser vigentes, mientras que la violencia, en sus diferentes manifestaciones, lleva implícita la negación de la dignidad.

En el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, del Senado de la República, afirmó que la violencia no puede desvincularse de otros problemas que enfrenta la sociedad, por lo que es indispensable atender factores como pobreza, desigualdad, exclusión, discriminación, bajos niveles educativos, falta de oportunidades y opciones reales de desarrollo para los jóvenes; además, está comprobado que el uso de la fuerza ha sido inversión muy poco redituable y con alto costo para todas las personas.

Ante Martha Hilda González Calderón, diputada electa del PRI; Imelda Castro Castro y Martí Batres Guadarrama, senadores electos de MORENA; Froylán Enciso, editor de la obra y Raúl Zepeda Gil, moderador del encuentro, el Presidente de la CNDH se pronunció por una estrategia que visibilice y tome en consideración a las personas, en particular a las víctimas, que propicie el abatimiento de la impunidad, la reconstrucción del tejido social, la recuperación de la confianza en las instituciones y una visión que no descarte la justicia transicional como vía para lograr la verdad, reparación del daño y efectiva rendición de cuentas por las autoridades.

Enfatizó que la respuesta a la violencia e inseguridad no está en reducir o eliminar derechos y libertades a las personas ni en la aplicación arbitraria de la ley, porque dichas acciones constituyen un riesgo para el Estado Democrático de Derecho y no garantizan la disminución de los índices delictivos; se debe apostar más a la prevención del delito en lugar de optar por estrategias reactivas que no han conseguido reducir el número de muertes y personas lesionadas, la preservación de la integridad de las personas ni la defensa de sus derechos fundamentales.

González Pérez indicó que el texto, producto del trabajo constante del Seminario de Violencia y Paz de El Colegio de México, el apoyo del Instituto Belisario Domínguez y el copatrocinio de la CNDH, aporta insumos útiles que son referencia en la tarea de reconocer, entender y dimensionar adecuadamente el fenómeno de la violencia en México y ofrece diagnósticos y propuestas de atención pertinentes.

En su oportunidad, el senador electo Martí Batres Guadarrama coincidió con el Ombudsperson nacional en la importancia de atender las causas que propician la inseguridad, al tiempo que demandó proteger a las personas que han visto vulnerados sus derechos por las acciones emprendidas en los últimos años contra la inseguridad y la violencia generadas por integrantes del crimen organizado.

Froylán Enciso manifestó que la falta de diagnósticos precisos sobre el problema ha ocasionado que la ciudadanía pierda confianza en las instituciones, que se cometan violaciones a derechos humanos y que las víctimas se organicen para exigir justicia y reparación del daño, por lo que propuso reflexionar acerca del papel de los gobiernos estatales y federal para combatir a la criminalidad, reformar los cuerpos policiales e implementar mecanismos para sustituir gradualmente a las fuerzas armadas que realizan tareas de seguridad pública.

La diputada electa Martha Hilda González Calderón expresó su confianza en que el libro sea una lectura obligada para todos los involucrados en la toma de decisiones y la elaboración de políticas públicas para enfrentar la inseguridad, y llamó a atender otras formas de violencia, como la intrafamiliar, la de género y la escolar.

Por último, tras reconocer la labor de las organizaciones de la sociedad civil en este tema, Imelda Castro resaltó la conveniencia de recuperar modelos de intervención y disminución de la violencia que han sido exitosos en los niveles municipal y estatal, entre los que destacó la conformación de colectivos ciudadanos para la búsqueda de personas desaparecidas y apoyo a las víctimas del delito en diferentes entidades.