Por: Redacción/

En conferencia de prensa, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH), Jan Jarab hizo un llamado a “investigar las violaciones a los derechos humanos en todo el proceso de criminalización de Enrique Guerrero Aviña y es algo que no debe quedar impune”. Además, Jan Jarab mencionó que “unos de los motivos para no liberarlo antes fue la prisión oficiosa por los cargos que se le imputaron” e realizó un llamado a proteger a defensores de los derechos humanos”.

Por otro lado, Enrique Aviña dijo que “la justicia en este país se lucha en cada calle y mi libertad se debe entender de forma colectiva”. Posteriormente, a nombre del colectivo Liquidámbar, hizo un llamado a que las autoridades reparen el daño y realicen medidas preventivas para los defensores de derechos humanos, atender las recomendaciones al sistema de justicia por organismo internacionales y revisar los procesos de los presos políticos y su inmediata liberación.

Las fallas y confabulaciones de las autoridades para la fabricación de pruebas, las detenciones arbitrarias y la tortura son una práctica constante en México. Carolina Sandoval, directora adjunta de investigación para Las Américas Amnistía Internacional explicó que “la detención arbitraria es algo cotidiano en México y, generalmente, perjudica a jóvenes en situación de pobreza”. Además añadió “En México se necesita una falsa sospecha para una detención y muchos casos de violaciones a los derechos humanos empieza con una detención arbitraria”.

Enrique Guerrero Aviña, estudiante de filosofía en la UNAM, miembro del colectivo Liquidámbar y participante en las protestas de la sección 22 del CNTE por la Reforma educativa en Oaxaca. Fue detenido el 17 de mayo de 2013 por agentes de la Policía Federal, los cuales dispararon contra él y lo detuvieron sin una orden de aprehensión. Los policías lo desnudaron de la cintura para abajo, lo golpearon durante horas, lo asfixiaron con una bolsa de plástico y lo abusaron sexual y psicológicamente

Durante su retención arbitraria, fue interrogado para incriminar a miembros de movimientos sociales en todo el país, entre ellos ecologistas, sindicatos y movimientos políticos. Posteriormente, fue amenazado para declararse culpable por el secuestro de dos sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, entonces presidente del Consejo Empresaria y propuesto para la gubernatura de Oaxaca.
Enrique Guerrero fue acusado de secuestro y delincuencia organizada, y fue trasladado a una prisión de alta seguridad donde pasó 5 años, 7 meses en la cárcel sin recibir sentencia alguna.

Por su parte, Javier Sam, Coordinador General del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, expresó “El caso de Enrique es una muestra del uso del poder del estado para reprender a estos lideres”. En materia de tortura aclaró que “la tortura es una herramienta pars la detención” y pidió sentenciar a los actores materiales e intelectuales del caso de Aviña. Eloy Hernández, Secretario de la sección 22 del CNTE, se solidarizo con Enrique, exigió justicia y castigo para los actores de dichos actos.

Por último, el uso de tortura y abuso sexual para la obtención de declaraciones es algo común en México. Además de la existencia de aproximadamente 5,700 presos políticos en las cárceles del país.