Por: Redacción

Limitantes de movilidad, discriminación, falta de oportunidades de empleo y educación son, entre otras cosas, condiciones que enfrentan de manera cotidiana las personas con alguna discapacidad en nuestro país y con una política asistencialista que poco contribuye a garantizar su derecho a una vida digna. De ahí que el Grupo Parlamentario de Morena promovió reformas a los Artículos 12 y 26 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.

El dictamen de ambas propuestas fue aprobado por el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 27 de abril, con 399 votos a favor y cero en contra, y turnado al Senado para sus efectos constitucionales. Ello con el fin de crear una nueva visión y cultura social sobre la discapacidad, de tal forma que los ciudadanos sean incluyentes, sensibles y respetuosos hacia ese sector vulnerable de la población.

La diputada Alicia Barrientos Pantoja propuso la adición de un Artículo 26 Bis a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para otorgar a la Secretaría de Cultura la responsabilidad de promover programas de información, educación y formación de conciencia entre la sociedad.

En su iniciativa, presentada el 20 de abril de 2016, urgió a que dicha dependencia considere en sus proyectos la promoción de condiciones de inclusión de las personas con discapacidad, en favor de la equidad social, así como el disfrute y la producción de servicios culturales y artísticos dirigidos a esta población.

“Poco se sabe y en muchos casos se ignora totalmente las diferentes discapacidades que existen, como las visuales, intelectuales, auditivas y motrices, con sus respectivas subdivisiones, y cómo afectan la cotidianeidad de quienes las padecen”, subrayó.

En tanto, la propuesta del diputado Sergio René Cancino Baffurson –cuando fungió como suplente del diputado Cuitláhuac García Jiménez– fue modificar el Artículo 12 de la misma ley, con el propósito de impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional.

“Ello bajo la premisa de que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o administrativos”.

En su iniciativa, presentada el 12 de abril de 2016, argumentó que aun cuando las leyes mexicanas establecen el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad universal, en la mayoría de los casos las autoridades de los tres niveles de gobierno no cumplen con su obligación de facilitar el acceso a la educación a este sector de la población.

“Se debe impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que aseguren su inclusión en las instituciones educativas y proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos, así como que cuenten con personal docente capacitado”, subrayó.