Por: Redacción/

Legisladores del PRD demandaron al gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, objetar el decreto del Congreso local que, a iniciativa suya, despenaliza la venta de alcohol a menores de edad porque evidentemente y contra todo criterio sanitario, de salud, seguridad y protección civil atenta contra los derechos de la niñez y la adolescencia.

María Luisa Beltrán Reyes, Francisco Martínez Neri y Omar Ortega Álvarez calificaron tanto la reforma legal como su aprobación por los legisladores locales un acto de corrupción de menores, según lo establece el artículo 201 del Código Penal Federal, por lo que también solicitaron la intervención de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

A través de una propuesta de punto de acuerdo pidieron a dicha instancia legislativa el respaldo a su demanda y le plantearon que también pida al gobierno de Ávila Villegas informe por qué, si antes promovió la penalización de la venta de alcohol a menores, ahora pretende dejarla a nivel de sanción administrativa.

Beltrán, Martínez y Ortega criticaron y lamentaron esta ambivalencia del gobernador porque a todas luces el consumo de alcohol es un creciente problema de salud pública y, por lo mismo, sumamente dañino para el individuo, la familia, la población en general, y la niñez y juventud en particular.

Con datos de instituciones y organizaciones relacionadas con este problema, indicaron que 63 de cada 100 niños y jóvenes de entre 12 y 24 años consume esta sustancia psicoactiva y tal porcentaje va en aumento. En los últimos años se incrementó de 2.9 por ciento en 2011 a 6.2 por ciento en 2016.

Es uno de los principales factores de daños a la salud y causante de discapacidad y mortalidad. Causa más de 200 enfermedades y más de 303 millones de muertes al año en el mundo. En México, 24 mil personas fallecen en accidentes relacionados con su ingesta y entre los adolescentes es la principal causa de muerte.

En este contexto, el Congreso del Estado de México aprobó a principios de este mes una iniciativa de Ávila Villegas que despenaliza la venta de alcohol a menores de edad, lo que contradice otra iniciativa reclamada por padres de familia, presentada por el mismo funcionario y aprobada por los legisladores locales en 2013.

Ávila Villegas pretextó su reciente iniciativa de despenalización por la supuesta “presión” que la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) ejerció contra su gobierno al quejarse de extorsiones por parte de sus funcionarios, pero también pretextó que, con la despenalización, “mejoraría la economía”.

Sin embargo, tanto este organismo empresarial como empresas productoras de cervezas y otro tipo de bebidas alcohólicas han rechazado tales argumentos y se han comprometido a combatir el consumo de embriagantes en menores de edad.

Los legisladores perredistas puntualizaron que, por lo demás, el gobernador tiene a su alcance otras herramientas para combatir realmente la corrupción de sus funcionarios, si tal fuese en verdad su objetivo.

Demandaron tanto al gobernador como al Congreso mexiquense reconsiderar la pertinencia de poner en práctica el reciente decreto, pues además de atentar contra la salud, integridad y derechos de la niñez y la infancia, incurren en el delito de corrupción de menores.

La Constitución del Estado de México –agregaron- faculta al gobernador a objetar en un plazo máximo de 10 días las leyes y decretos -como éste que él mismo propuso- aprobados por la Legislatura local.

“La situación de miles de niños, niñas y adolescentes continúa siendo grave y el consumo de alcohol entre ellos va en aumento, mermando su condición de vida y elevando el riesgo de morir por esta causa. Es responsabilidad primordial de las autoridades de todos los niveles velar por el interés superior de la niñez, así como evitar la corrupción de menores”, concluyeron.