Por: Redacción/

Un comunicado conjunto de ocho relatores especiales condenó enérgicamente los actos de violencia, represión y acoso, y exhortó al Estado a proteger a sus ciudadanos y garantizarles sus derechos.

“Estamos profundamente preocupados por la violencia sostenida en Nicaragua desde el 18 de abril de 2018. Hay que encontrar un camino inmediato y coherente a través de un diálogo político genuino como primer paso para aplacar la situación y poner fin a la crisis”, apuntaron.

Los expertos se refirieron a las recomendaciones elaboradas por una delegación de la Comisión Interamericana de derechos humanos que visitó el país en mayo pasado e instaron al Gobierno nicaragüense a cumplir con ellas, en vista de que fueron aceptadas.

La violencia y el hostigamiento no han cesado
Reconocieron que ha habido algunos avances en la dirección correcta, pero reiteraron su consternación por la represión y el uso de la fuerza excesiva e indiscriminada por parte de la policía antimotines y en general de todas las fuerzas del Estado, así como de los grupos armados progubernamentales. Esa violencia no ha cesado, señalaron, lo que ha provocado numerosos muertos y heridos.

Además, se han producido presuntas detenciones arbitrarias, cierres y ataque cibernéticos a varios medios de comunicación y ataques a algunas universidades, denunciaron.

Destacaron también las amenazas e intimidaciones contra periodistas, estudiantes, sacerdotes y manifestantes, así como contra defensores de derechos humanos y otros activistas que apoyan las protestas y llamaron al Gobierno a garantizar que puedan desempeñar su trabajo en condiciones de seguridad.

Del mismo modo, repudiaron el hostigamiento y represalias contra los trabajadores de salud que atienden a los heridos en las manifestaciones.

Investigaciones imparciales
“Hacemos un llamamiento al Gobierno de Nicaragua para que respete sus obligaciones de derechos humanos y lleve a cabo investigaciones prontas, imparciales y efectivas de las presuntas violaciones, y para enjuiciar y sancionar a los responsables”, apuntaron los expertos.

Finalmente, solicitaron a las autoridades del país permitir la visita de los relatores y autorizar una misión de monitoreo de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

*Los expertos firmanes del comunicado son: Clément Nyaletsossi Voulé, Relator Especial sobre los derechos de libertad de reunión pacífica a asociación; David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión; Michel Forst, Relator Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Dainius Pῡras, Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Rosa Kornfeld-Matte, Experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad; Agnes Callamard, Relatora Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición; y Koumbou Boly Barry, Relatora Especial sobre el derecho a la educación.