Por: Redacción/

Ante el Juzgado de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, este 5 de diciembre la diputada local de Morena, María Eugenia Lozano Torres, interpuso un amparo indirecto en contra de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa.

En el recurso legal, la legisladora requiere la suspensión provisional y definitiva del dictamen emitido por las referidas comisiones parlamentarias, mediante el cual se autoriza al gobierno capitalino a firmar un contrato con la trasnacional Veolia para diseñar, construir, operar y mantener una planta para la incineración de residuos sólidos.

El dictamen, advirtió la diputada, fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de noviembre de 2017.

La plata termovalorizadora, subrayó Lozano Torres, atentaría contra la salud de los capitalinos, toda vez que cada día quemaría más de 4 mil 500 toneladas de basura, proceso que generaría la emisión de partículas de óxido y de metales pesados, por ejemplo, plomo, entre un sinfín de contaminantes.

El aval a la construcción de la planta, agregó la legisladora, es una decisión irresponsable, en la cual sobresale el impulso de los diputados del Partido Verde Ecologista al proyecto meramente mercantil, que lo aprobaron a pesar de los graves daños que al medio ambiente ocasionaría.

La Secretaría de obras capitalina y la Agencia de gestión urbana, subrayó, abrieron una licitación para entregarle el contrato a Veolia, quien además de construirla tendrá permiso para operarla durante 33 años, pese a que la firma extranjera enfrenta demandas por daños al medio ambiente en Chiapas, Egipto, Lituania y en varios países de Europa, recalcó María Eugenia Lozano.

La legisladora de Morena también alertó:
“Si la planta incineradora en realidad fuese la opción más viable para dar solución al problema de la basura, no se entiende porqué se le concesiona a una empresa privada y, además, se acuerda pagarle 109 mil millones de pesos.

“Es decir, se endeuda a los capitalinos durante tres décadas, además de regalarle a Veolia los residuos sólidos para que los manejen según convenga a sus intereses”.

Asimismo, manifestó que se trata de disfrazar a la termovalorizadora como un proyecto de beneficio ambiental cuando en realidad sólo busca generar multimillonarias ganancias a poderosas empresas trasnacionales.

Al respecto, la diputada Ana Juana Ángeles Valencia destacó que la planta de incineración obligaría a generar más basura para producir energía y se diría adiós a las políticas de reciclaje y de disminución de consumo de productos innecesarios.

Es cuestionable, señaló, que el gobierno de la Ciudad haya concesionado esta planta a una empresa privada y, además, endeude a los ciudadanos con 109 mil millones de pesos para pagarle a Veolia durante 30 años, se trata, precisó, de casi la mitad del presupuesto propuesto para 2018.

Ángeles Valencia criticó la política de negocios del actual mandatario capitalino, quien busca una candidatura a la presidencia de la República, luego de dejar a la Ciudad de México en la ruina, hipotecada y privatizada.

Es peligrosa la intención de Mancera, pues “seguramente aspira a vender al país, al aspirar a ser presidente de un país casi hipotecado”, concluyó.

A su vez, el diputado David Cervantes Peredo lamentó que el gobierno de la ciudad apoye este tipo de negocios y no a productores de la ciudad, pues mientras a los empresarios de Veolia les concede el terreno, recursos para su construcción, les garantiza la basura y, además, se compromete a comprarles la energía; el campo de la ciudad está en total abandono.

El legislador de Morena sostuvo que la capital del país debe seguir la tendencia mundial que busca reducir al mínimo los residuos sólidos mediante el reciclaje y la composta.