Por: MUGS / Redacción

El sistema de Consulta de Detenidos, disponible en www.consultadetenidos.pgr.gob.mx, fue reconocido entre más de 50 proyectos como uno de los tres proyectos más innovadores en el sector público de los tres poderes y los tres niveles de gobierno.

Este proyecto fue desarrollado en menos de cuatro meses con el objetivo de cumplir con el compromiso de la Procuraduría General de la República en el Plan de Acción 2013-2015 de la Alianza para el Gobierno Abierto, que busca generar políticas de apertura gubernamental que a través de la transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y tecnologías de la información logren solventar problemas públicos.

El dicho sistema como herramienta tecnológica de rendición de cuentas representa un instrumento que protege los derechos humanos de las personas que se encuentran detenidas, permitiéndoles enfrentar de mejor manera sus procesos penales.

De julio a la fecha el sistema de Consulta de Detenidos ha tenido una afluencia de más de 130 usuarios diarios, un incremento por demás significativo de las personas que se atendían de forma presencial.

La Procuradora General de la República, Arely Gómez González, instruyó a la Unidad de Apertura Gubernamental de la PGR, llevar esta buena práctica a las entidades debido a que sólo tres demarcaciones cuentan con un sistema de consulta de detenidos.

En este sentido las 32 procuradurías y fiscalías generales del país, acordaron en el seno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, a propuesta de la PGR, la implementación del sistema de Consulta de Detenidos para el fuero común.

La Procuraduría General de la República está comprometida con encontrar y profundizar políticas de apertura gubernamental que utilicen la transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, las tecnologías de la información y comunicación como medios para que los ciudadanos accedan a una justicia pronta y expedita.

Para la Procuraduría General de la República las políticas de gobierno abierto tendrán éxito en la medida que protejan y avancen los derechos humanos de las víctimas, probables responsables y servidores públicos.