Por: Redacción

Las autoridades en México enfrentan el reto de demostrar que el ejercicio del presupuesto “no es un privilegio de la clase política para beneficiar a unos pocos”, sino que debe ser utilizado para garantizar los derechos de la población, sostuvo Joel Salas Suárez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Desde el INAI tenemos la firme convicción de que el presupuesto debe ejercerse a plenitud, a la vista de la ciudadanía y con acciones que demuestren a la población, la forma en que pueden controlar a la clase política y a los servidores públicos al momento de que ejercemos cada peso que se ha contribuido al erario público”, enfatizó.

Al participar en el foro Reto#PublicidadAbierta. Transparencia en el ejercicio de los recursos públicos en publicidad oficial, el comisionado Salas destacó que todos los niveles y poderes de gobierno deben demostrar que se escucha a la población y que se atienden sus necesidades.

“El problema no es sólo que las personas ya no confíen en los discursos, ni que la desconfianza va en aumento, sino que está llegando un momento de hartazgo, de indignación, ante la falta de resultados y es aquí, donde el acceso a la información y la transparencia, como cualidad de instituciones democráticas, tiene un valor fundamental, un valor institucional”, manifestó.

Salas Suárez afirmó que hoy se cuestiona mucho la corrupción que se ha registrado en varios gobiernos estatales y se han documentado, dijo, por lo menos 26 estados, que en los últimos 10 años causaron un daño al erario federal y estatal por más de 45 mil 895 millones de pesos, equivalente al 1.2 por ciento del PIB nacional.

“Ante este escenario, valdría la pena hacerse las siguientes preguntas: ¿Cómo demostrar hoy que no sólo se escucha a la clase política y que, en efecto, la clase política busca mejorar la vida cotidiana de la población? ¿Cómo demostrar con hechos concretos que, en efecto, una de nuestras prioridades en el país es combatir la desigualdad?”, cuestionó.

En este contexto, el comisionado del INAI señaló que un tema que preocupa a la opinión pública es el gasto destinado a la publicidad oficial que, en ocasiones, se asigna para promover aspiraciones personales y limitar la libertad de expresión.

“A nivel nacional, en 2015 el gasto presupuestado en comunicación social y publicidad para todo el gobierno federal fue de 2 mil 695 millones de pesos, pero en la realidad se erogaron 7 mil 618 millones, es decir, prácticamente se triplicó el gasto. ¿A qué se debió esto? Entre 2013 y 2015, el gobierno federal gastó más de 23 mil 261 millones de pesos”, precisó.

En ese sentido, Joel Salas, apuntó que la Herramienta de Transparencia en Publicidad Oficial, promovida por el INAI y el Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR), a la que se puede sumar cualquier instancia de gobierno, tiene como fin modificar conductas.

“Al parecer en México, nos volvimos especialistas en modificar leyes, pero no conductas, y justamente lo que hace la herramienta es modificar conductas, porque por más que sea una obligación de transparencia, vamos a ver el 5 de mayo, cuántas instituciones públicas cumplieron con esa obligación de transparentar este gasto”, apuntó.

En el foro, coordinado por la Universidad Iberoamericana Puebla (IBERO-Puebla), participaron Paulina Castaño, investigadora de FUNDAR; Ernesto Aroche, periodista y director del portal de noticias “Lado B” de Puebla; Antonio Pinedo Cornejo y Alfonso Villalobos Lozano, de la Coordinación de Comunicación Social del estado de Chihuahua; y Lilia Vélez Iglesias, directora del Departamento de Humanidades de la IBERO-Puebla, quien fungió como moderadora.