Por. Redacción/

La Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego, que preside el diputado Germán Escobar Manjarrez (PRI), acordó reunirse con funcionarios de las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que expliquen el gasto presupuestal de este año y se eviten subejercicios en perjuicio de los productores nacionales.

El legislador explicó que en 2017 se destinaron 76 mil millones de pesos a Sagarpa, y para 2018 fueron 71 mil millones. Un presupuesto menor en un escenario complicado, y “no podemos dejar que los programas del campo se recorten. Debemos cuidar que no caigan en el subejercicio y que se entreguen con prontitud”.

Actualmente, se están cubriendo adeudos de 2017, “es donde estamos en la exigencia de que se paguen los apoyos a los productores, porque tenemos al campo golpeado”, y aunque esas cifras las tiene Hacienda y las entrega a fin de mes, “queremos que los subsecretarios y encargados de área nos expliquen el ejercicio de los programas”.

Expresó que los criterios de ejercicio para el tema de productores, “que es el sector más golpeado, deben respetar transparencia, honestidad y buen manejo de recursos, pero que también tengan flexibilidad”.

Precisó que limitar recursos al campo pone en riesgo la alimentación de los mexicanos; por ello, se citará a funcionarios de todas las áreas: Procafé, Pimab, Proagro, Aserca, y todos los programas que impacten a los productores.

La diputada Natalia Karina Barón Ortiz (Morena) afirmó que si no se ejecutan a tiempo esos recursos y programas, “como es costumbre de la Sagarpa, va a venir un blindaje y luego entrará en acción la Secretaría de Hacienda a recortar el presupuesto que aquí peleamos para quienes más lo necesitan”.

Insistió en que Sagarpa debe ejecutar eficiente y rápidamente los programas del campo, “de lo contrario, dejaremos desprotegidos y en estado de indefensión a los productores”.

El secretario de la Comisión, diputado Exaltación González Ceceña (PAN), expresó que “de acuerdo a datos oficiales, el presupuesto del sector agropecuario es similar (en cifras) al de 2008, lo que implica un retroceso de 10 años, a lo que hay que agregar niveles inflacionarios y devaluaciones; es decir, que en términos reales ha sido mucho mayor”.

Es importante encontrarnos con funcionarios de Hacienda, para que expliquen por qué no se ministran oportunamente los recursos. “El problema del país en materia presupuestal lo genera esa dependencia, porque Hacienda no ministra. ¿Dónde está el dinero? No vaya a estar en sus arcas, cuando tiene que estar en las dependencias federales para aplicarlo a programas agropecuarios”.

El diputado del PRI, Oscar García Barrón, manifestó que es necesaria esa comparecencia para saber “en qué nivel de ejercicio van los recursos de 2018”. Mencionó que la problemática presupuestal del campo se debe a la falta de interés de funcionarios, que “no usan el dinero, o lo gastan en todo, menos en lo que se autorizó”.

“El campo es un desastre”, subrayó, y hay que reconocer esta circunstancia más allá de ideologías de partido para poner orden. Añadió que falta conciencia a funcionarios para que hagan justicia al productor y los apoyos y subsidios al campo “no sean una cachetada a la dignidad del productor”, sino sustantivos que hagan más productivo al sector, no sólo con simulaciones y engaños.

Durante la misma reunión de trabajo se avalaron diversos puntos de acuerdo. El primero, exhorta a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios a publicar la información sobre los efectos tóxicos de neonicotinoides en la salud de los trabajadores del campo y las medidas para controlar desde el punto de vista sanitario químicos empleados en la producción de alimentos.

También se exhorta a Sagarpa y la Secretaría de Salud a establecer una mesa de trabajo con expertos en toxicología ambiental, humana y animal, para evaluar el retiro comercial o sustitución de químicos peligrosos para las abejas y los humanos.

Otro, para solicitar que Sagarpa y la Secretaría de Economía (SE) tomen medidas urgentes para comercializar la piña en los principales centros de abasto y mercados del país, instalando puntos de venta para su distribución directa entre el productor y el consumidor final, con el objetivo de atenuar la emergencia actual del sector piñero. Pide la modificación arancelaria a importaciones para propiciar mejores condiciones al producto nacional y crear un fondo emergente de apoyo en créditos.

Al respecto, el diputado Felipe Reyes Álvarez (PRD), secretario de la Comisión, señaló que ante la situación que atraviesa el sector piñero es urgente una reunión con funcionarios de la Secretaría de Economía y la Sagarpa “para prender semáforos, porque la problemática la ven como algo normal y les está pasando totalmente de noche”. Se pronunció por encontrar esquemas y soluciones integrales que ayuden al futuro de este producto nacional.

Asimismo, aprobaron un dictamen para solicitar a la SHCP que a través de Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, cree un mecanismo en el Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios en beneficio de productores de Tlaxcala, cuyos préstamos se encuentren en cartera vencida y no pierdan su patrimonio en los procesos judiciales generados por el vencimiento de sus créditos. Además, se solicita que el gobierno de ese estado implemente programas y apoyos para reactivar la economía del sector.

Uno más, para exhortar a la Sagarpa, en coordinación con la SE, para que a través de la Procuraduría Federal del Consumidor implementen mecanismos para crear un programa de comercialización, distribución de acceso directo de venta del productor al consumidor.

En apoyo a la producción cafetalera del país, se aprobó un dictamen para que el titular de la Sagarpa realice acciones que garanticen recursos para combatir la plaga de la roya en campos de café afectados. Además, que aplique los recursos y la veda electoral no afecte la compra y adquisición de insumos para la producción. A la SHCP solicita la rápida dispersión de recursos para que se compren y adquieran insumos para el desarrollo de la cafeticultura.