Por: Melisa Carrillo/

Minutos antes de comenzar la sesión del pleno, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, pidió a los ministros guardar un minuto de silencio en honor de las víctimas del sismo, y dedicó un mensaje a los ciudadanos afectados por el siniestro.

“Todos los agentes judiciales del Poder Judicial de la Federación, nos sentimos con una empatía fraterna en favor de las víctimas y hemos aportado y lo seguiremos haciendo, parte de nuestro salario en favor de quien más lo necesita”·

“Les agradezco a todos, y saben que las autoridades del poder Judicial de la Federación están con todos los que hayan sido afectados, como lo estamos con todos los mexicanos, nuestros compatriotas, que han sido perjudicados con estas fuerzas de la naturaleza”, agregó.

Asimismo, Luis María Aguilar comentó que todos los inmuebles de la Suprema corte de Justicia de la Nación y en los que se encuentran los órganos jurisdiccionales de la federación se encuentran en su gran mayoría en perfectas condiciones para seguir operando, a excepción de las instalaciones que se encuentran en el Reclusorio Oriente, en donde los daños ocasionados, a pesar de no ser estructurales, impiden continuar por el momento con sus actividades.

 

Durante la sesión, el pleno calificó como inválida a la disposición del Código Electoral que autorizaba a la Asamblea Legislativa para nombrar al Contralor Interno del Tribunal Electoral local, considerando ésta acción como una invasión a las facultades del Tribunal, y una afectación a su autonomía e independencia. Por otra parte, se invalidó la atribución de dicha asamblea para nombrar al titular de la Unidad de Fiscalización del Instituto Electoral local, ya que invade las facultades del INE, y las disposiciones del Código Penal local que establecían delitos electorales y sus sanciones, al invadir la competencia del Congreso de la Unión.

Finalmente, se decretó  que el legislador local deberá legislar antes de que inicie el próximo proceso electoral  de 2020, en base a una consulta previa a los pueblos y comunidades indígenas, para garantizar el acceso de éstos a cargos de elección popular.