Por: Redacción/

La debilidad de las democracias en América Latina es consecuencia de la institucionalización de la desigualdad, pues provoca que los distintos regímenes sean incapaces de satisfacer las demandas ciudadanas dando paso a procesos de despolitización, apatía y desencanto social, advirtió el doctor José Adelantado Jimeno, académico del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) de España.

Estas sociedades se caracterizan por presentar una fuerte segmentación en términos económicos, territoriales y étnicos, además de una profunda fragmentación del sistema de partidos. Al mismo tiempo, reportan altas concentraciones de los ingresos en un sector que facilita la reproducción del poder de las élites así como la exclusión social.

Al participar en el Seminario Pobreza: ¿Obstáculo para las democracias latinoamericanas?, realizado en la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el especialista abundó sobre los efectos y expectativas del desarrollo y crecimiento en la región, en un contexto de globalización económica que ha conducido al establecimiento de políticas económicas y sociales basadas en la privatización y la desregulación en todo el mundo.

Ejemplo de ello es “la ausencia o discontinuidad de la función pública profesionalizada, la prevalencia de modelos presidencialistas y la adopción de arquetipos administrativos foráneos, tales como la nueva gestión pública que dan como resultado gobiernos con amplia debilidad estructural”, apuntó.

El doctor Adelantado Jimeno especificó que la sustitución de políticas sociales universales focalizadas constituyó uno de los principales cambios negativos que atrajo este nuevo esquema, dificultando el desarrollo de la población al facilitar el clientelismo, un aspecto clave para comprender el déficit de ciudadanía democrática.

En la actividad convocada por la Coordinación de la Licenciatura en Política y Gestión Social y la Maestría en Políticas Públicas de esa sede académica, el experto alertó que dicha situación afecta la calidad de los derechos sociales, entre ellos el empleo, la salud, la educación y el acceso a la cultura.

El doctor Manuel Canto Chac, profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura, coincidió en que México al igual que el resto de las naciones latinoamericanas carece de mecanismos institucionalizados para lograr la igualdad social y que las estrategias utilizadas para atender la pobreza sólo han servido para acentuarla.

Dicha condición manifiesta una tendencia a perpetuarse con la instauración de las transferencias monetarias condicionadas, esto es extender un “soborno para mantener la miseria, en lugar de promover transformaciones verdaderas, las cuales suelen ser más costosas y llevan más tiempo, algo que sólo nos lleva al desgaste de la democracia”.

La doctora Laura Valencia Escamilla, profesora-investigadora del citado Departamento, expuso que la prevalencia de condiciones marginales y de violación a los derechos humanos en el país pone en franco riesgo la gobernabilidad, ya que “la falta de cohesión social nos conduce a la escasez de libertades y al aumento de delitos como el secuestro”.

La aplicación del Estado de Bienestar traído a México se distingue por ser excluyente, por lo que “ahora, pasamos de ser una sociedad de campesinos pobres a una de citadinos miserables. De modo que debemos pensar en cómo podemos elevar los niveles de la calidad de vida de la gente para aumentar la eficacia de las políticas públicas y viceversa”, finalizó.