Por: Redacción

Durante la sesión, en el apartado de Agenda Política, diputados del PRI, PAN, PRD, PVEM, Morena, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social, emitieron sus comentarios relativos al Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2016.

De Encuentro Social, el diputado Alejandro González Murillo se pronunció por “alumbrar el PEF 2016 con la luz de la transparencia y rendición de cuentas. No más programas sociales clientelistas”. Convocó, sin demagogia, a no repetir penosos episodios de extorsión y de opacidad, para no detener el progreso del país.

Resaltó tres premisas fundamentales del gasto público para el próximo año: combatir la pobreza y la desigualdad con apoyo y protección a los grupos más vulnerables; transformar la cultura política del país, empezando por la Cámara de Diputados, y transparentar el gasto público para que peso por peso sea aplicado conforme al destino previsto, sin opacidad alguna.

Expresó preocupación por el aumento real de 91.3 por ciento en los adeudos de ejercicios fiscales anteriores y por el costo financiero para cubrir las obligaciones de deuda pública en 14.4 por ciento, lo cual impone el reto de una visión plurianual del presupuesto. Reconoció el incremento real de 8.55 por ciento en las participaciones a los estados, porque refleja un genuino interés para ajustar el PEF en donde menos impacto social genera, subrayó.

El diputado Jesús Rafael Méndez Salas (Nueva Alianza) afirmó que la sociedad mexicana y el ambiente económico nacional “no permiten, a ninguno de los Poderes públicos, margen para los despilfarros. Existen muchas necesidades sociales y ello obliga a maximizar los escasos recursos disponibles”.

Es necesario que el gasto público del año próximo se oriente a elevar el bienestar social, conscientes del escenario financiero adverso por el que atraviesa el país. La reingeniería del Presupuesto de Egresos refleja las condicionantes a las que se enfrentará la economía en 2016, como ya lo hace en este año.

Urgió a revertir estas tendencias y destinar el gasto público a rubros que incentiven el crecimiento económico, en particular que promuevan la movilidad social que ayude a superar el rezago y vulnerabilidad económica y cultural en la que vive más de la mitad de la población. La educación es el principal componente para lograr estos objetivos, aseguró.

Por su parte, el diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido (Movimiento Ciudadano) mencionó que en el paquete presupuestal se debe hacer mayor esfuerzo para contener la opacidad, los “moches” y el manejo discrecional. Los legisladores “tienen la responsabilidad de atender las necesidades y emergencias de todos los mexicanos, sin pensar en colores partidistas”.

Nuestro grupo parlamentario, dijo, considera que es momento de impulsar una agenda redistributiva que se refleje en el Presupuesto de Egresos y cree un piso mínimo de derechos, fundamentalmente en áreas como salud, seguridad social, educación y vivienda.

Movimiento Ciudadano pugnará por salvaguardar la inversión pública; no es necesario sacrificarla, por el contrario, se deben buscar mecanismos alternativos para que ésta no se vea afectada, ya que es el motor del desarrollo de las comunidades.

La diputada Rocío Nahle García (Morena) comentó que de acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto de presupuesto se diseñó con una orientación de resultados y con un enfoque de Base Cero; sin embargo, realmente representa un recorte al ejercicio, “más que un presupuesto diseñado con metodología Base Cero al ejercicio, pero no al gasto corriente”.

Subrayó que el 22 por ciento del gasto programable se concentra en servicios personales, de los cuales puede reasignarse un monto de 50 mil millones de pesos”. Enfatizó que su grupo parlamentario se pronuncia por una redistribución al gasto que vaya a desarrollo social, educación y salud; por ello, analiza en forma puntual cada rubro y redistribución.

“Nos indigna que todos los días las empresas que dan y proporcionan sustento a este país como la CFE y Pemex, reportan grandes pérdidas y en el Presupuesto vienen reducciones considerables para orillarlas a buscar inversión con privados y, de esta manera, terminar de privatizarlo”, dijo.

Del PVEM, el diputado Emilio Enrique Salazar Farías reconoció que se vive un entorno global difícil, hay que construir un presupuesto responsable; planteó privilegiar en todo momento el gasto social y hacer un análisis puntual de éste, porque el Presupuesto tiene como prioridades: seguridad nacional, ciencia y tecnología, educación superior, salud, cultura y desarrollo municipal.

Reveló la reducción de programas para hacerlos más eficientes, evitar duplicidades y lograr que la gente viva mejor. Se sumó a la propuesta de Presupuesto del gobierno de la República, pero reconoció que hay que hacer muchas modificaciones.

Propuso reducir todo lo innecesario, pero nada que afecte la estructura social y aumente la desigualdad. “No quiero entonces limitaciones al desarrollo social, no espero limitaciones a educación superior”, dijo.

La diputada Hortensia Aragón Castillo (PRD) destacó que una de las tareas fundamentales del Poder Legislativo es aprobar el presupuesto y “en ningún lado la Ley Orgánica dice que nuestro papel sea simplemente recibir y dar con el sello y la fecha de recibido el presupuesto para su implementación”.

A veces, continuó, resulta fácil decir que se quiere un presupuesto que abata la pobreza, genere empleo, incremente las inversiones y combata la inseguridad, “pero nos hace falta poner el acento en las cosas que permiten que eso suceda”.

Agregó que para su grupo parlamentario, la educación, salud y el campo son los temas ejes sobre los cuales se debe fincar la construcción de este presupuesto. Estimó que es momento de que esta Cámara revise la posibilidad de generar un Presupuesto plurianual o multianual que permita dar certeza a este país y “no venir cada año a inventar necesidades o soluciones que requieren una proyección más allá de un Presupuesto anual”.

El diputado César Flores Sosa (PAN) señaló que el proyecto del PEF refleja la crisis de las finanzas públicas y el fracaso del gobierno, “que sufre las consecuencias de la reforma fiscal tóxica y una política de déficit y endeudamiento”.

Se trata de un presupuesto inercial que no refleja un cambio de política, ni una estrategia, ni una prioridad en seguridad pública, y tiene errores que “se magnifican ante la imposibilidad de construir una Ley de Ingresos que amplíe los márgenes financieros”, pues dejaron poco margen para plantear la obtención de ingresos adicionales que hubieran permitido la reasignación de recursos.