Por: Rene Ortiz

Ante la ausencia de mecanismos que garanticen la transparencia y consulta pública en el proceso de elaboración de la nueva Ley General Contra la Tortura, la CMDPDH (Comisión Mexicana Para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) y la  OMCT (Organizacion Mundial Contra La Tortura) junto con otras organizaciones no gubernamentales, han solicitado que los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales establezcan mecanismos adecuados y efectivos de dialogo y participación de la sociedad civil y de organizaciones que luchan contra la tortura.

“Es necesario y fundamental adoptar una Ley General que garantice la tipificación adecuada de la tortura y los tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes, e incorpore los más altos estándares internacionales en la materia para erradicar malas prácticas de las procuradurías y fiscalías que impiden el acceso efectivo de la justicia y fomentan la impunidad” Afirma José Antonio Guevara director ejecutivo de la CMDPDH.

A poco más de 100 días  de que venza el plazo para la aprobación de una Ley General Contra la Tortura dichas instituciones lanzaron un estudio llamado “Propuesta para la conformación de una ley eficaz de la aplicación nacional sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes” dicho documento será entregado a los representantes del senado y del congreso después del inicio de la nueva asamblea legislativa.

Este estudio emplaza a las autoridades competentes en el proceso legislativo a crear un compendio sistemático de normas que refleje la voluntad institucional y ciudadana para erradicar esta práctica recurrente.  

“En nuestra experiencia global, es vital el establecimiento de un marco legal eficaz contra la tortura a ser consultado con aquellas personas afectadas, sociedad civil y organizaciones que luchan contra la tortura. Hay multitud de experiencias de países que han adoptado leyes similares que podrían informar el debate sobre la ley en México” Declaró  Gerald Staberock, secretario general de la OMCT.

Ambas organizaciones coinciden en que “la construcción de esta ley debe recoger las principales preocupaciones y propuestas surgidas de un proceso participativo, la existencia del cual es indispensable para la legitimidad de una ley de esta importancia”.