Por: Redacción

Más que una solución, las cárceles mexicanas son un problema cada vez más grave y costoso para la sociedad; incluso, van directo al colapso debido a su saturación con primo delincuentes de escasos recursos que sólo llegan ahí para malearse, advirtió el diputado federal perredista Alberto Martínez Urincho.

A estos primo delincuentes –dijo- prácticamente se niega cualquier posibilidad de rehabilitación y reinserción ciudadana, y su procesamiento y condena se extiende a su familia, sus amistades, vecinos y a la sociedad toda.

Precisó: la mayoría de delitos que se sancionan revisten escasa gravedad y complejidad. Son, en general, robos de bienes con valor inferior a 200 dólares.

Lo anterior revela que la prisión y las condenas recaen principalmente en quienes están en los estratos socioeconómicos más desfavorecidos y no cuentan con recursos para corromper a las autoridades o para montar una defensa adecuada, no los delincuentes más peligrosos y sofisticados.

Para contribuir a la solución de esta problemática propuso reformar el Código Penal Federal y la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se trata de ofrecer penas alternativas a la prisión a estos primo delincuentes bajo ciertas condiciones.

En específico, planteó agregar el artículo 367 Bis al Código Penal Federal para establecer que el robo de objetos con valor a 100 veces la Unidad de Medida y Actualización y que se cometa por primo delincuentes sin ningún tipo de violencia se sancione sólo con penas alternativas a la privación de la libertad.

El legislador federal perredista argumentó que, en términos generales, casi todas las prisiones del país muestran carencias y deterioros de infraestructura y servicios para una población que, en algunos casos, supera ocho veces su capacidad, lo que a la larga impacta en la calidad de vida de los internos, sus familiares y la sociedad misma.

Las razones de ello son, entre otras, la falta de políticas efectivas para prevenir el delito, el ensañamiento contra primo delincuentes no violentos de los estratos sociales más bajos a quienes se encarcela para justificar la escasa efectividad policiaca frente a delincuentes de alta peligrosidad, el incremento de condenas y la extensión de las mismas, la minimización de las prisiones de la agenda nacional, la poca asignación de recursos en proporción a su población, y la casi inexistente política de rehabilitación y reinserción social para internos.

A pesar de los pocos recursos que se les asigna en proporción directa a su población, al final resultan costosas económica, política y socialmente porque en esas prisiones se prolonga y reproduce la subcultura criminal, pero además con participación del personal carcelario.

Por si fuera poco, el proceso penal y, en su caso, la compurgación de la pena se traslada a la familia, pues resulta que ésta frecuentemente asume, de diferentes maneras, gran parte de los costos de reclusión mediante el envío de alimentos, ropa y otros elementos esenciales de supervivencia.

Esto significa –dijo Martínez Urincho en coincidencia con los investigadores Marcelo Bergman y Elena Azaola- que la institución carcelaria impone o admite de facto penas que incluyen a la familia y que, por lo tanto, trascienden al interno.

Esto, además de ser jurídicamente inadmisible, convierte a las prisiones mexicanas en un infierno para los internos sin lazos sólidos con el exterior, quienes además carecen de toda posibilidad de readaptación social mediante el trabajo, la educación y la capacitación

Para ilustrar la saturación con primo delincuentes citó informes y estudios institucionales, académicos y de organizaciones públicas y privadas según los cuales cárceles como la Distrital de Chiapa de Corzo, en Chiapas, tiene una población 837 por ciento superior a su capacidad.

Así, tanto el procesado como al condenado se deja en ésa y otras muchas prisiones al completo abandono y a merced de la corrupción, la inseguridad y el tráfico de drogas y alcohol, de tal suerte que, al final, la readaptación social y la justicia retributiva son una mera utopía. Incluso, el infractor sale en peores condiciones de las que presentó a su ingreso en la cárcel, lo que resulta oneroso –desde cualquier punto de vista- para la sociedad.

En resumen, bajo el actual esquema, las prisiones mexicanas van de mal en peor debido a un sistema de justicia ineficiente. Para revertir esto no necesariamente se requiere invertir más recursos, sino modificar mecanismos, crear incentivos para las buenas prácticas y diseñar con inteligencia procesos de justicia con calidad. “Esta reforma al Código Penal puede contribuir a ello”, concluyó Martínez Urincho.