Por: MUGS Redacción

La Presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, Isabel Miranda de Wallace, señaló que en agosto hay registro de 138 secuestros, lo que representa una disminución del 21.5% respecto al mes de julio; sin embargo, manifestó la desconfianza de dicha asociación respecto a las cifras de secuestro en México.

“Si comparamos los 8 primeros meses de 2014 donde ocurrieron 1,708 secuestros con el mismo periodo de 2015, donde se registraron 1,197 secuestros, existe una disminución de 29.91% en este delito”, mencionó.

Miranda de Wallace externó la sospecha de la institución frente a esta aparente disminución del delito, ya que no existe una metodología adecuada para poder contabilizar de manera transparente las cifras reportadas por las procuradurías estatales y por la Procuraduría General de la República (PGR).

Asimismo, indicó que las entidades con mayor incidencia de secuestros durante el mes de agosto fueron el Estado de México con 32; Veracruz con 17; Tamaulipas con 13, además del D.F. y Guerrero, ambas con 11.

En cuanto a los municipios con mayor número de secuestros en la presente administración, aparecen Ecatepec, con 189; Acapulco, con 163,  Cuernavaca con 140, Nezahualcóyotl con 134 y Ciudad Victoria, Tamaulipas, con 128.

Del mismo modo, la activista subrayó que de los 10 ejes estratégicos anunciados por el Presidente de la República en enero de 2014, sólo se ha cumplido con la creación de la CONASE.

Acompañada por la familia de una víctima de secuestro y homicidio, proveniente del estado de Michoacán, presentó un caso real que prueba que los Estados ocultan las cifras de secuestro, que no cuentan con un plan de investigación y que no siguen el protocolo del delito de secuestro, así como las violaciones a los derechos de las víctimas del delito y al debido proceso de la víctima, que cometen los Ministerios Públicos y Jueces.

Entre estas omisiones, resaltó la falta de aplicación de la ley en perjuicio de las víctimas al pretender ocultar el delito de secuestro, pese a que hubo llamadas de negociación y se pagó un rescate, además de la falta de un Plan de Riesgo para evaluar la posibilidad de éxito en un operativo de rescate. Actualmente se hace firmar a las familias un consentimiento, sin explicarles el riesgo que corre la vida de la víctima.

“El colmo es que los presuntos secuestradores como una medida de defensa aleguen tortura, como otros miles lo están haciendo, para tratar de evadir su responsabilidad, y más aún que pretendan acreditarlo a través de documento privado que no reúne los requisitos y ni fue practicado por personal certificado para aplicar el Protocolo de Estambul”, afirmó.

Recordó que Alto al Secuestro presentó una iniciativa ante el Senado, la cual recoge la diputada Pilar Ortega, para crear un Instituto Nacional contra la Tortura a fin de tener la certeza si existió o no tortura y que quien alegue falsa tortura sea sancionado.

Del mismo modo, realizó un llamado al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y a la Coordinadora Nacional Antisecuestro para vigilar la manera en que los Estados reportan los delitos de secuestro, así como a las Procuradurías y Fiscalías Estatales, y al Poder Judicial Estatal y Federal para garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos de las víctimas del delito, para lograr un acceso real y efectivo a la justicia.