Por: Javier Bárcenas

Con 417 votos a favor la Cámara de Diputados la expedición de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, así como reformas a diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Publica, y de la Ley de Extradición Internacional.

El diputado Armando Luna Canales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos y quien fundamentó el dictamen, precisó que con la reforma se crea el Mecanismo Nacional de Prevención y pone en marcha el Programa Nacional de Trabajo Interinstitucional, además de que se establecen mayores candados y controles para evitar la eventual comisión de este delito.

“La fórmula de esta política nacional es muy sencilla: Todos los poderes, todos los órganos de gobierno y organismos de protección de derechos humanos con un solo objetivo, que es combatir, erradicar la deleznable práctica de la tortura en nuestro país”, señaló.

Destacó que, de acuerdo con la Encuesta de Percepción sobre la Práctica de Tortura, elaborada en 2015 por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 30 por ciento de los entrevistados coinciden en que la tortura es aceptable y necesaria para obtener información oportuna que permita proteger a la población en riesgo inminente.

Otro 31 por ciento, agregó, no está ni a favor ni en contra, y el 29 por ciento restante señala no estar de acuerdo, pero dentro de este grupo solamente un 5 por ciento dice estar completamente en desacuerdo con la tortura.

“Similar resultado arroja el estudio de Amnistía Internacional, donde el 36 por ciento de los encuestados considera que la tortura en ocasiones es aceptable y necesaria para proteger a la ciudadanía”, lamentó el legislador.