Por: Redacción

La Comisión de Derechos de la Niñez avaló diversos dictámenes para crear conciencia sobre el abuso sexual infantil que afecta a alrededor de 4.5 millones de menores mexicanos; prevenir el ciber-acoso, la pornografía infantil y proteger a este sector en albergues e instituciones dedicadas a su alojamiento.

En una reunión de trabajo, la Comisión que preside el diputado Jesús Valencia Guzmán (PRD), aprobó el proyecto de decreto para que se declare el 19 de noviembre Día Nacional Contra el Abuso Sexual Infantil, a fin de crear conciencia y reflexionar sobre esta problemática, fomentar la cultura de la denuncia y sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de trabajar conjuntamente para erradicar todos los tipos de violencia contra las niñas y los niños.

En el documento se indica que a nivel mundial, México ocupa el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de menores de 14 años y, de los menores víctimas de abuso sexual, sólo el dos por ciento de los casos se conocen al momento en que se presenta.

De los casos presentados, 77 por ciento son niñas y 23 por ciento, niños; las personas con discapacidad física o mental tienen más riesgo, independientemente de su género. Además, 80 por ciento de los casos se comete en casa por un familiar. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el 27 por ciento de los casos, el agresor es el padre o figura paterna; 18 por ciento el abuelo; 16 por ciento un tío o conocido y 12 por ciento, un hermano mayor.

De ahí la necesidad de crear conciencia para proteger a la infancia de este problema que involucra a autoridades municipales, estatales, federales e internacionales, y garantizar el respeto y ejercicio pleno de los derechos de este sector vulnerable.

“El gobierno y la sociedad civil deben garantizar y promover el respeto a los derechos de los menores para evitar que sean objeto de abusos e intervenir en la difusión de una educación a la sociedad y la familia, mediante la declaración de este tipo de fechas para protegerles de toda forma de abuso físico o mental, descuido o trato negligente o explotación, incluido el abuso sexual”.

Por otra parte, se avaló un exhorto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que ejecuten campañas de información sobre el llamado “cortejo” o “grooming”. Difundir en qué consiste, cómo identificarlo, cómo denunciarlo e invitar a los padres de familia a involucrarse en las actividades de sus hijos para evitar la comisión de un posible delito, ante el incremento del uso de Internet para producir y distribuir materiales de violencia sexual contra la niñez.

El dictamen al punto de acuerdo menciona que el “grooming” es un proceso sistemático de acercamiento entre un acosador en línea hacia un menor de edad; el perseguidor prepara el encuentro físico entre ambos y tiene por objeto eliminar la resistencia del menor hacia los extraños y los contenidos inapropiados.

Los “ciber-acosadores” o “groomers” tienen en redes sociales correos electrónicos, chats, juegos electrónicos o celulares, una ruta fácil, rápida y de bajo riesgo para contactar, manipular y engañar a las niñas, niños y adolescentes, engancharlos y lograr un encuentro físico, “con el riesgo de que los menores sufran abusos sexuales o sean víctimas de trata o pornografía infantil”.

Se calcula que el número de internautas en México es de casi 52 millones de personas, de las cuales 12 millones de niños y adolescentes sufren este delito. En 2013 se detectaron más de 12 mil cuentas personales falsas a través de Internet que exhibían imágenes de explotación sexual infantil, y en 2015 el delito registró un aumento, por lo que es necesario duplicar esfuerzos para prevenirlo.

Señala que en 2014, en el marco del Día Internacional de la Prevención de Abuso Infantil, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que 150 millones de niñas y 73 millones de niños en el mundo, fueron víctimas de alguna forma de abuso sexual antes de cumplir 18 años de edad.

Datos de la Comisión de Nacional de los Derechos Humanos y el Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, de 2014, en México cerca de 13 millones de personas son víctimas de trata, de los cuales 79 por ciento son para explotación sexual; tres por ciento para extracción de órganos y 18 por ciento para explotación laboral.

Internet ha pasado a formar parte del proceso de la trata, por lo que se insiste en ser cautelosos con la supervisión y manejo de información y contactos, pues la nueva tecnología y la mayor cantidad de tiempo en la red es una ventana de posibilidades para los delincuentes.

De igual forma, esta instancia aprobó el dictamen a un punto de acuerdo para exhortar a la titular de la Procuraduría General de la República para que –a través de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas— implemente las medidas necesarias a fin de redoblar esfuerzos en la investigación y sanción de delitos relacionados con la emisión, generación, acopio, almacenamiento y demás relacionados con la pornografía infantil.

Se debe incrementar el uso de herramientas tecnológicas para atender, con más efectividad, el fenómeno emergente y creciente de los delitos cibernéticos y tomar acciones para reforzar los sistemas de investigación y prevención.

Asimismo, se avaló otro exhorto para que los sistemas Nacional y estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y las de Protección de Niñas Niños y Adolescentes de cada entidad –y cuando sea necesario, en coordinación con las secretarías de Gobernación y la de Desarrollo Social— realicen inspecciones y visitas de supervisión a albergues e instituciones dedicadas al alojamiento y cuidado alternativo de menores.

Además, que se ejerciten las acciones legales que correspondan para regular los servicios que prestan.

El documento refiere que en México no existe una cifra real de cuántos niños viven en situación de calle, sin embargo, Unicef señala que hay 1.6 millones de casos de abandono de niños, posicionándose en el segundo lugar de América Latina, sólo por debajo de Brasil.

Explica que a pesar de los programas sociales y el gran número de instituciones de asistencia privada y de la sociedad civil que coadyuvan con el rescate de niñas y niños de la calle, no hay apoyo suficiente que contrarreste esos efectos.

De acuerdo con el DIF Nacional, en 2013 había 25 mil 700 niños y adolescentes en 922 albergues, de los cuales 805 eran privados y 117 públicos.

Refiere que el apoyo a estos menores es una línea de acción básica para los tres niveles de gobierno, que podrían interrumpir el ciclo de abusos en el que se encuentran algunos de ellos, por lo que se deben buscar mecanismos para erradicar de fondo las irregularidades en instituciones dedicadas al cuidado infantil, para no repetir casos como el de “La gran familia”, en Michoacán, y “Casitas del Sur”, en el Distrito Federal, donde los menores fueron víctimas de abusos y de trata.

“No se debe permitir que las instituciones creadas para apoyar a la niñez lucren con su inocencia y vulnerabilidad, por lo que es necesaria la supervisión e intervención de autoridades para que con base en sus atribuciones, tomen las medida para lograr una mejor calidad de vida posible para estos niños y niñas”.