Por: Redacción

A propuesta de Omar Ortega Álvarez, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo por el cual se demanda al gobierno del Estado de México informar la situación que guardan las promociones de responsabilidad en contra de diversos funcionarios por sus acciones u omisiones en seguridad pública, pues la ciudadanía de esa entidad se siente cada vez más insegura.

De acuerdo con el Coordinador de Proceso Legislativo del GPPRD en la Cámara de Diputados, una de las razones por las cuales el Estado de México es una de las entidades más inseguras y peligrosas del país es el cúmulo de irregularidades que hacen sus funcionarios con el presupuesto, específicamente el que se destina a seguridad pública.

Esas irregularidades fueron detectadas por la Auditoría Superior de la Federación ( ASF) y, como 71 por ciento del gasto estatal lo aprueba la Cámara de Diputados, este órgano fiscalizador hizo observaciones, recomendaciones y denuncias ante diversas instancias pues, al parecer, ese dinero sirvió para todo, menos para garantizar la integridad personal y patrimonial de los mexiquenses.

El año pasado, la Cámara de Diputados aprobó transferirle mediante diversos rubros casi 207 mil millones de pesos al gobierno del Estado de México, 7.7 por ciento más respecto a 2015 -equivalente al 71 por ciento del gasto global de esa entidad-, de los cuales más de ocho mil millones fueron para seguridad.

En febrero pasado, Ortega Álvarez propuso el punto de acuerdo que sirvió de base a este dictamen. Recordó entonces que hasta el gobierno estadounidense había lanzado alertas a sus ciudadanos para no visitar municipios como Ecatepec, Coacalco, La Paz, Solidaridad, Chalco, Ixtapaluca y Tlatlaya por el nivel de riesgo a sufrir diversos delitos en esos territorios.

Por su parte, ya desde junio de 2015 la ASF había solicitado a la Contraloría Interna del Estado investigar y fincar responsabilidades a quienes omitieron ejercer con transparencia más de 173 millones de pesos de subsidio federal de 2014, pues a pesar de haber sido pillados en irregularidades, no querían regresar la diferencia ni los intereses devengados.

Igual solicitud le hizo sobre 616 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Públicas de los Estados (FASP) de 2014, mismos que “se perdieron” en la Comisión de Seguridad y en la Procuraduría General de Justicia estatales al depositarse en cuentas abiertas para otros rubros.

En un comunicado emitido el 11 de octubre de 2016, Ortega señaló que “algo similar sucedió con el FASP de 2013. Al 31 de diciembre de ese año sólo se habían ejercido 40 por ciento de los recursos y a la fecha de la auditoría (en 2014) sólo 56 por ciento. Fue hasta el 31 de marzo de 2015 cuando al gobierno mexiquense trató de justificar una ridícula cantidad de lo faltante”.

“Sin embargo, la información fue, por decir lo menos, insuficiente. Según la versión del gobierno estatal, compró armas a la Secretaría de la Defensa Nacional por 3.3 millones de pesos, pero sólo reportó bienes por 755 mil pesos. Además, en la partida “arma larga” no acreditó bienes por 2.16 millones”.

“En todos los casos, la ASF –dependiente de la Cámara de Diputados- emitió pliego de observaciones o fincó promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, sin que a la fecha haya resultados en cuanto a la comprobación o devolución del gasto aprobado ni en cuanto a responsabilidades”.

Este 28 de marzo, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción aprobó que se le solicite a la misma Contraloría hacer pública la información sobre el avance de estas promociones.

Esta solicitud deberá ser puesta a consideración del Pleno de la Cámara para su eventual aprobación.

En opinión de Ortega, es necesario que, además de sanción a los responsables, también se aclare cuál fue el destino de los millones de pesos que no fueron ejercidos para la seguridad de los mexiquenses y que, en su caso, se recuperen.

En la sesión de hoy de la Comisión también se aprobó, entre otros temas, un punto de acuerdo para exhortar a los tres niveles de gobierno a investigar y rescindir los contratos con la empresa Odebrecht, pues muy probablemente estén plagadas de corrupción.