Por: Redacción

La Comisión de Hacienda y Crédito Público avaló, con 22 votos a favor y siete en contra, el dictamen que modifica la naturaleza jurídica del Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado (PENSIONISSSTE), para que se convierta en una empresa de participación estatal mayoritaria y sea una opción atractiva y competitiva en el mercado de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores).

La comisión estimó conveniente la aprobación de este dictamen que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

La reforma se realiza bajo la premisa de que el contexto social para que se creó este organismo ha cambiado. Por su régimen actual, explica, el PENSIONISSSTE no ha podido afrontar debidamente los retos del sector, lo cual se ve reflejado en el comportamiento de la baja en el número de cuentas administradas. Ahora hay más competencia, tres empresas concentran el 60 por ciento del total de las cuentas administradoras de los fondos al retiro, detalla.

El dictamen señala que las modificaciones propuestas son parte de una reorganización de la Administración Pública Federal, la cual pretende generar mejores condiciones de competencia dentro de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y esta pueda afrontar con más autonomía y oportunidad las condiciones del mercado donde desarrollará su función en beneficio de los trabajadores.

Establece que PENSIONISSSTE será en una entidad paraestatal, con autonomía técnica y de gestión, y abonará de manera sustancial a una mejor operación de la institución, lo cual traerá como consecuencia beneficios para los trabajadores, cuyas cuentas sean administradas por la nueva sociedad.

Además, se le bridará operar en igualdad de circunstancias frente al resto de las administradoras y dará mayor dinamismo al mercado, toda vez que los trabajadores podrán contar con otra opción para la administración de sus cuentas individuales, mediante la separación del PENSIONISSSTE con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Asegura que se conservará la integración que actualmente tiene el órgano de administración y dirección del PENSIONISSSTE en el Consejo de Administración de la nueva empresa, manteniendo la representación bipartita conformada por el Gobierno Federal y las organizaciones sindicales, por lo que no se estima necesaria la participación de consejeros independientes.

La nueva sociedad no generará costo adicional, ya que los bienes, derechos, obligaciones y presupuesto del PENSIONISSSTE continuarán con la nueva sociedad, la cual entrará en funcionamiento el 1 de julio del 2016.

Señala que se deberá garantizar la continuidad de las operaciones y servicios que se presta PENSIONISSSTE, de manera que se asegure una transición ordenada entre éste y la nueva sociedad, sin afectar en forma alguna a los trabajadores cuyas cuentas individuales administra.

De igual manera, se incluye el establecimiento de un organismo especial para el control y vigilancia de la empresa y la incorporación de un cómitre de recursos humanos y desarrollo institucional.

Por otra parte, se estipula que el remanente de operación deberá reinvertirse en las cuentas individuales que administre la sociedad, eliminado la referencia a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con el fin de evitar que se generen expectativas de que parte del capital accionario de la sociedad pueda estar en manos privadas.

Se garantiza que la sociedad nunca dejará de ser una institución gubernamental, es decir, no se privatizará y se determina que los recursos de los remanentes, al ser patrimonio de los cuentahabientes, continúen siendo administrados por la sociedad que se constituya en protección de los trabajadores y no se permitirá que otros decidan sobre el destino de los mismos.

Finalmente, se indica que el Estado mexicano mantendrá la totalidad de la propiedad y no el gobierno Federal.

La presidenta de la Comisión de Seguridad Social, diputada Araceli Damián González (Morena), dijo que el problema que se tiene con la propuesta es que confunde el origen del problema del PENSIONISSSTE, argumentando que viene de su normatividad y su regulación, cuando en realidad existen otras dificultades que han llevado a esta situación.

Mencionan inconvenientes de funcionamiento de PENSIONISSSTE, pero no se dice es que al menos seis administradoras registraron una mayor migración neta en sus cuentas durante el periodo 2012-2014, mientras que, en términos relativos, la migración de cuentas del PENSIONISSSTE fue equivalente al 3.66 por ciento de sus cuentas totales, refirió.

Solicitó escuchar la petición de los sindicatos que han manifestado su rechazo a la reforma y que por el futuro de los trabajadores desechen este dictamen.

En los posicionamientos, el diputado y coordinador de Nueva Alianza, Luis Alfredo Valles Mendoza, dijo que el dictamen permite revisar la posición del PENSIONISSTE respecto al mercado de las Afores, ya que “el funcionamiento de este organismo ha estado siempre restringido por la falta de una estructura administrativa que pueda desplegar los esfuerzos de promoción y comercialización de los productos del instituto”.

Subrayó que el dictamen propone que PENSIONISSSTE conformará una empresa de participación estatal mayoritaria que lo dote de libertad operativa y administrativa, de la cual carece actualmente, y no le permite competir en igualdad de condiciones ante las Afores. “Bajo este esquema vigilaremos que esta nueva sociedad pueda iniciar operaciones en términos de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que siga teniendo una misión de carácter pública y social en beneficio de los cuentahabientes”.

En su turno, la diputada María Elena Orantes López (MC) señaló que su bancada no podía votar el contenido del dictamen con tantos cambios. “Es un tema sensible y de gran impacto por sus repercusiones para el ahorro de los trabajadores, por lo que no podemos tomar este tema a la ligera y sin dar el debido espacio a quienes sufrirán de manera directa las consecuencias de las reformas a la Ley del ISSSTE”.

La legisladora declaró que en virtud de que no se cuenta con evidencia o con un grado de certeza que permita garantizar que el cambio de régimen legal que se propone será mejor, “no es congruente modificar un sistema de ahorro, sobre todo, cuando el actual ha tenido los resultados que todos sabemos, por lo que nuestro voto a esta reforma será en contra”.

Por Morena, el diputado Juan Romero Tenorio precisó que la propuesta presenta incongruencias legales. Por ejemplo, comento, “en el artículo 2, fracción 2, dice que el Gobierno federal no responderá por las obligaciones a cargo de la sociedad ni por cualquier minusvalía en el valor de las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro que dicha sociedad administre y opere”.

Expresó que si los recursos de los trabajadores se los come la bolsa o la inversión que decida el Consejo de Administración ¿quién será responsable?, “el Estado se está quitando aquellos elementos que gravan el déficit público, ese es el objetivo final. Se perdió el sentido social del Estado. la falta de memoria histórica llevará al lastre el futuro de las pensiones de los trabajadores”, abundó.

El diputado Javier Octavio Herrera Borunda, del PVEM, explico que las ataduras jurídicas que tiene el PENSIONISSSTE, a pesar de tener uno de los mejores rendimientos del mercado y la comisión más baja frente a sus competidores, sigue perdiendo clientes. Entre el 2012 y el 2014, se registró una migración neta de 39 mil 718 cuentas individuales, equivalente a la administración de 51 mil 232 millones de pesos.

“Esto, sin duda, pone en riesgo la viabilidad del sistema y el futuro de los trabajadores. La razón es simple: compite con reglas diferentes a las otras Afores, por lo que reacciona con mayor lentitud”, sostuvo.

Por el PRD, la diputada Lucia Virginia Meza Guzmán dijo que su grupo parlamentario votará en contra del dictamen, ya que privatiza PENSIONISSSTE, al ir en perjuicio de los fondos y aportaciones de los trabajadores para su jubilación.

Sostuvo que con la creación de una empresa del Estado, que administre dichos fondos, sólo se disfraza una eventual privatización. De aprobarse, advirtió, corre el riesgo de extinguirse la voluntad del presidente de la República en turno, como sucedió con Luz y Fuerza del Centro.

El panista Herminio Corral Estrada aseguró que el proyecto se trata de una reorganización de la administración pública que permita optimizar los recursos de los mexicanos, poner orden y exigir mejores resultados, sin que sea una privatización.

“Queda debidamente establecido en el articulado permanente, en la fracción 9, que en todo momento el Estado mexicano tendrá la propiedad de este ente que es y seguirá siendo de los mexicanos”, argumentó.

El diputado del Revolucionario Institucional, Miguel Ángel González Salum, señaló que con la capacidad de gestión que se otorga al PENSIONISSSTE se evitará la migración de cuentas y su deterioro gradual.

“Este dictamen lo refuerza, le da mayor capacidad de gestión y fortalece la capacidad de ahorro de sus afiliados. Por Ley, es la Afore que cobra las comisiones más bajas del mercado y ha sido la que mayores rendimientos ha generado para sus afiliados”, declaró.

En tanto, el diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) dijo que se está llevando a cabo un despojo y asalto a los ahorros de los trabajadores y resaltó que es falso que no habrá ninguna privatización. Por ello, pidió no dar la espalda a los trabajadores.

De la misma bancada, la diputada Patricia Elena Aceves Pastrana señaló que no se ha consultado a los trabajadores del ISSSTE y lo que se hace con este dictamen “es ilegitimo y una farsa total”.

También de Morena, el diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez indicó que la pensión es un derecho social, por lo que debe ser consultado el pueblo de México para esta reforma, y no que esta comisión tenga la autonomía de decidir.