Por: Redacción/

Ayer, una joven de 23 años de edad fue vinculada a proceso en Baja California por el delito de “auto aborto” y corre el riesgo de alcanzar una pena de hasta cinco años de prisión. “Sin duda, es deplorable que en pleno siglo XXI, una mujer joven sea tratada como una delincuente, por ejercer su derecho reproductivo, por lo que demandamos quede en libertad absoluta sin cargos penales”, denunció la diputada Maricela Contreras Julián.

“Necesitamos avanzar en una legislación que permita a las mujeres acceder a servicios de salud sexual y reproductiva que, entre otros aspectos, incluya la interrupción del embarazo, cuando la mujer así lo desee”.

A decir de Contreras Julián, casos como el de la joven de Baja California ocurren en todo el país y muestran una sistemática persecución de mujeres que hacen uso de la libertad para decidir sobre su propio cuerpo.

Consideró que la interrupción del embarazo es fundamentalmente un asunto de salud pública, “por lo que en lugar de destinar recursos públicos a la persecución y criminalización de las mujeres que abortan, deberían emplearse para garantizarles información y servicios de salud en materia reproductiva”.

En este sentido, la diputada federal instó a tomar los consensos de diversos organismos internacionales, y a los Estados a propiciar las condiciones y adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de esos derechos sea eficaz y pleno, e incluso a abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere los derechos de las mujeres.

“En la actual Legislatura sometimos a consideración una iniciativa para avanzar en este problema partiendo de una visión integral. Primero, fomentar la autonomía de las mujeres en todo lo relacionado con su cuerpo y su salud, y cuenten con el derecho y la oportunidad de tomar sus propias decisiones. Segundo, ofrecer y garantizar servicios médicos de calidad sin importar su situación socioeconómica, origen étnico, edad o estado civil”.

Pidió no olvidar que la penalización del aborto ha sido una práctica que obliga a las mujeres a ejercerla en la clandestinidad, poniendo en riego su propia vida. Por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha señalado que cada año hay en el mundo 76 millones de embarazos no deseados, lo que anualmente ocasiona 56 millones de abortos inducidos, de los que 19 millones se llevan a cabo en condiciones inaceptables desde el punto de vista médico, practicados por personal no capacitado y en circunstancias poco higiénicas.

La consecuencia de esas interrupciones del embarazo mal practicadas, es que cada año 70 mil mujeres mueren en todo el mundo, lo que representa 191 mujeres muertas cada día, una cada siete minutos y medio.

Por lo que toca a México, hace diez años la Organización de Naciones Unidas (ONU) informaba que el número de mujeres fallecidas en nuestro país a causa de los abortos, por lo general llevados a cabo en situaciones poco higiénicas y riesgosas, era de mil cada año. Sin embargo, el Estado mexicano sólo reconocía 344 muertes, menos de una diaria.

“De esto se trata nuestra propuesta, de reconocer el derecho que cada mujer tiene para decidir de manera libre sobre su cuerpo y reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad, de manera gratuita y eficientes, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su vida. Además de tener acceso a los programas de prevención para su salud, a una educación sexual y planificación familiar adecuadas, en el ejercicio de sus derechos de salud sexual y reproductiva”, finalizó.