Por: Alfredo Maza

Una mujer fue detenida de manera arbitraria por autoridades mexicanas, aparentemente por contar con una orden de aprensión emitida por Estados Unidos y deportada a ese país a pesar de contar con la nacionalidad de ambos países y sin que ninguno de los dos hechos fuera corroborado, violando así sus derechos humanos y quebrantando el debido proceso de detención.

Así lo dio a conocer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en una recomendación dirigida al Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Ardelio Vargas Fosado, y al Presidente Municipal de Tijuana, Baja California, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, donde reconoció que entre los derechos fundamentales transgredidos de la víctima se encuentran garantías a la nacionalidad, libertad, seguridad jurídica y personal, así como a la privacidad y protección de datos personales.

Los hechos ocurrieron cuando la mujer circulaba por el periférico de Tijuana, en un automóvil de su propiedad Fue en ese momento en el que dos agentes municipales la detuvieron en un “punto de control policial” y al pedirle sus documentos le comentaron que en la base de datos aparecía una orden de aprensión en su contra emitida por autoridades estadounidenses, razón por la cual la detuvieron y presentaron como una extranjera ante un juez municipal, a pesar de que ella había dicho tener la doble nacionalidad y sin que éste último la entrevistara para presentarle su situación legal.

Durante su detención las autoridades municipales permitieron que fotografiaran a la mujer y proporcionaron detalles de su caso, lo cual fue publicado por diversos medios de comunicación, lo que significó una afectación a su fama pública. Luego fue trasladada a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración donde se le inicio un Procedimiento Migratorio, sin que las autoridades de ese lugar acreditaran el procedimiento correspondiente de su extradición.

Además le hicieron firmar un documentos si permitirle leerlos donde se asentó que había sido detenida por causar molestias en la vía publica y deseaba regresar a su país “lo más pronto posible”, lo que causó que su proceso durara 12 horas aun cuando la legislación dicta que debe ser 15 días.

Al llegar a la garita internacional Tijuana-San Diego, donde fue entregada a autoridades de Estados, permaneció en un centro de detención de ese país durante 60 días.

La CNDH menciona que, a pesar de que las autoridades cuentan con ordenamientos legales para procesar a una persona, deben apegarse al marco legal de actuación para evitar violaciones a los derechos humanos, situación que no fue revisada. Por ello pidió la reparación del daño inmediato de la mujer en apego a la Ley General de Victimas y la eliminación de publicaciones electrónicas con datos personales de la afectada.